Desde el 22 de septiembre la Fiscalía 7 delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por la desaparición de una caja con nueve carpetas que contienen documentos radicadores consecutivos de resoluciones del despacho de la Gobernación entre los años 2013 -2017 cuando el mandatario departamental era Richard Aguilar.
Dicha investigación se desprende de las posibles conductas penales que Mauricio Aguilar habría cometido y que identificó la Procuraduría en la investigación disciplinaria que le adelanta desde el pasado 16 de septiembre.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso contra el exsenador Richard Aguilar señaló su preocupación por la desaparición de la caja con los documentos del despacho del gobernador de Santander.
Dice la corte que una funcionaria del despacho del actual gobernador (Mauricio Aguilar) entregó a otra funcionaria los libros radicadores de las resoluciones firmadas por Richard Aguilar.
Publicidad
“El 25 de junio de 2021 una funcionaria entregó a la Policía Judicial de la Corte una certificación en la cual da cuenta del extravío de una caja con los 9 libros radicadores de resoluciones del despacho de la Gobernación. Hecho que demuestra que en la actualidad se sigue ‘extraviando’, destruyendo u ocultando evidencia documental sobre la cual, antes de su desaparición, la Corte ha manifestado interés en obtener para efectos de la investigación”, indica la Corte.
La investigación penal del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justica contra el gobernador Mauricio Aguilar también es porque existió una presunta manipulación de material probatorio y la realización de acciones que estarían favoreciendo a su hermano Richard Aguilar Villa quien está siendo investigado por hechos de corrupción en millonarios contratos.
Publicidad
En la investigación penal, el fiscal ante la Corte busca establecer si Mauricio Aguilar realmente ocultó los documentos, si envió presuntamente documentos falsos a la Corte Suprema de Justicia, al igual que si hubo conflicto de intereses en la Gobernación de Santander al contratar a los abogados que están actuando en el proceso del exgobernador Richard Aguilar.