Un juez de Bucaramanga legalizó la captura del exgerente del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, Gilberto Mendoza, del profesional jurídico Hermes Rico y de los excontratistas Jorge Enrique Gualdrón Martínez, Shirley Castro Rojas, además de Claudia Hernández, secretaria del instituto, quien se entregó voluntariamente a las autoridades; por los delitos de concierto para delinquir, urbanización ilegal agravada y estafa agravada.
Según la Fiscalía, los implicados en el denominado “Carrusel de créditos del Idesan” aprobaron el desembolso de créditos por 3.800 millones de pesos a la empresa Proyectos y Construcciones de Santander, Procosan para realizar 5 proyectos urbanísticos, sin el lleno de requisitos legales.
“Los implicados al tolerar o financiar dichos proyectos omitieron las exigencias normativas existentes creando un riesgo jurídicamente desaprobado, destruyendo así los bienes jurídicos de la seguridad pública y el orden económico y social; se encuentra además que los señores antes mencionados quisieron y desearon la realización de los hechos y que al omitir las exigencias normativas no estuvieron amparados por ninguna causal de justificación que los autorizara para la realización de dicho comportamiento”, explicó la Ana María Hernández, fiscal Primera de Estafas y Urbanización Ilegal.
Los proyectos urbanísticos que se buscaba construir con los créditos que entregó el Idesan son: Ciudadela Jardín que dejó afectadas a 700 personas, ciudadela Los Rosales: 398 personas y Carrizal, 200 personas, proyectos ubicados en Girón. Además de los proyectos Juan David 1 y 2 ubicados en Floridablanca.
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“El doctor Hermes Rico había dejado plasmado en un acta que hacían faltaban varios requisitos por parte de Procosan, entre esos la licencia, el uso de suelo entre otros, además de eso, incluyendo al doctor Hermes, aprobaron los créditos y posteriormente los desembolsos. Es decir, esos cinco proyectos a lo cual se concertaron para dar la viabilidad no eran viables ni técnica, ni jurídicamente”, explicó la fiscal.
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Según el ente acusador, los funcionarios del Idesan debieron hacer tanto el análisis jurídico como financiero de estos cinco proyectos por lo cual omitieron de manera dolosa lo que exigen el numeral primero de los requisitos de créditos del Idesan, aunado a lo que establece la Ley 388 y el Decreto 1077 del 2015 que establece que los proyectos urbanismos serán viables si tienen el uso de suelo urbano, un plan parcial y la respetivas licencias expedidas por la Curaduría, por lo que las personas omitieron y desconocieron las obligaciones en cada uno de sus roles.
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