Con base en varias denuncias de veedores a principios de este año 2022 sobre presuntas irregulares en el contrato para construcción de un sector de mediana seguridad y obras conexas en la cárcel de Palogordo en Girón , Santander, la Contraloría General de la República halló posibles sobrecostos por $30.000 millones.
Según el ente de control fiscal, entre febrero y agosto realizó diferentes actuaciones de verificación de la inversión que terminó siendo de $99.281 millones. Además, se evidenciaron suspensiones y prórrogas del contrato.
Entre las causas se destacan que el director de infraestructura solicitó la suspensión porque se estaba a la espera de un funcionario de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, para determinar si era necesaria la licencia ambiental para la ejecución del contrato, el replanteamiento del área escogida por incidencias ambientales y obras adicionales que aumentaron el presupuesto, según dice el informe de la Contraloría.
A esto se suma la decisión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec , de finalizar el contrato de interventoría del 31 de octubre de 2016.
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“Según los documentos, en los cuales se plasman los temas de forma y de fondo, indican que a la fecha no permiten el uso de las instalaciones después de haber ejecutado contratos por más de seis años e invertido recursos por más de $99.281.140.009”, aseguró la Contraloría.
Para el defensor de Derechos Humanos de la población carcelaria, Hernando Mantilla, esa es una obra inconclusa que ocasionó un detrimento patrimonial.
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“El detrimento público y fiscal es total, casi $100.000 millones, que significa que toda la obra como tal es un detrimento contra la Nación y tiene una incidencia disciplinaria y fiscal contra los funcionarios de la Uspec”, indicó.
Este es el documento sobre los hallazgos de la Contraloría en el contrato de ampliación de la cárcel de Palogordo de Girón.
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