En medio del proceso de responsabilidad fiscal contra la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, suspendida, al parecer, con falsa denuncia días antes de la elección de la nueva junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Contraloría General de la República, en una comunicación dirigida al abogado de a alcaldesa, advirtió que documentos solicitados a la Contraloría de Santander fueron enviados incompletos.
“Una vez examinado el expediente del Proceso de Responsabilidad Fiscal 031 de 2023 enviado por la Contraloría de Santander, no se encuentra la Resolución 096 de 17 de febrero de 2023, mediante la cual se ordena la suspensión de la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, ni la Resolución 3173 del 22 de febrero de la Gobernación de Santander por la cual se ejecuta la suspensión ordenada por la Contraloría de Santander”, dice la comunicación de la Contraloría General de la República.
Advierte la entidad de control fiscal que una vez cuenten con los documentos procederán a resolver el proceso.
El abogado Daniel Caicedo, apoderado de la alcaldesa de Suratá, dijo que se trata de una actuación con la que la Contraloría de Santander busca dilatar el proceso.
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“La alcaldesa ha sido objeto de una brutal persecución por parte de la Contraloría de Santander. Igualmente, estos actos que está cometiendo la contralora regional, Blanca Luz Clavijo, de no enviar el expediente completo, puede ser constitutivo de un prevaricato por omisión y de unafalta disciplinaria, la cual daremos a conocer a las respectivas instituciones, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría”, aseguró el abogado Caicedo.
La alcaldesa de Suratá fue suspendida el pasado 23 de febrero por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por orden de la Contraloría de Santander a pocas horas de la elección de la nueva junta directiva de la CDMB en la que la mandataria tenía derecho a votar por hacer parte de los municipios de la jurisdicción de esa autoridad ambiental.
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El motivo de la suspensión fue por posibles irregularidades en un contrato de maquinaria amarilla en el que se habría presentado un daño fiscal.
Un mes después de la suspensión, el abogado Daniel Caicedo, denunció que la suspensión se hizo con una denuncia falsa por parte de una mujer que en diálogo con Blu Radio aseguró que no conoce ni a la mandataria, tampoco el municipio de Suratá.
“A mí me contacta un abogado y me pregunta por esa denuncia y yo no sabía de que me estaba hablando, me envían los documentos y mi hija se da cuenta que la firma de la denuncia no es la mía, tampoco conozco a esa señora (la alcaldesa) ni tengo por qué ir a inventar cosas que ni conozco ni sé”, aseguró Alix María Quintero la supuesta denunciante en la entrevista realizada por Blu Radio el pasado 23 de marzo de 2023.