El excandidato presidencial y líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández , hizo público un caso de presunta extorsión relacionada con el proceso de revocatoria de candidaturas para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Ante esto, ya hay respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Rodolfo Hernández acusó a un hombre que se presenta como miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de solicitar hasta $13 millones para evitar la revocatoria de inscripciones de candidaturas.
El exalcalde de Bucaramanga presentó una notificación ante la Fiscalía General de la Nación, en la que documentó las llamadas que considera extorsivas por parte del supuesto funcionario del CNE.
“Este señor se identifica como Camilo Sánchez, dice ser del equipo del presidente del CNE, el magistrado Alfonso Campo”, escribió Hernández en su cuenta de la red social X.
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Según la denuncia del excandidato presidencial, el hombre que realiza las llamadas conoce detalles precisos del proceso y afirma que la gestión para evitar las revocatorias es un trabajo legal y garantizado.
El CNE, al enterarse de esta denuncia, emitió un comunicado a través de su presidente Alfonso Campo Martínez, en el que se establece lo siguiente:
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“1. Que revisada exhaustivamente la base de datos adscrita actualmente al Consejo Nacional Electoral y cumplida la correspondiente inspección, en nuestro departamento de Talento Humano NO se encontró a ningún funcionario vinculado con el nombre de Camilo Sánchez, tal como lo señala la publicación del señor Ingeniero Rodolfo Hernández.
2. Que el CNE prepara informe sobre esta denuncia que se publica por parte del Ingeniero Rodolfo Hernández. Daremos traslado de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación, y a los órganos de control correspondientes para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.”
Los otros dos puntos de la misiva se refieren al compromiso del CNE con la transparencia y el respeto a los valores corporativos, así como la aplicación de la Constitución y la ley. Además, subraya su responsabilidad en el cuidado de la democracia y la vigilancia de los procesos electorales.
Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de investigar el caso para determinar su veracidad y garantizar que se cumplan los principios democráticos en el proceso electoral que se avecina.
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