Procuraduría investiga al exgerente de Emcali y a otros 12 funcionarios por contrato con sobrecostos

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación al exgerente general de Empresas Municipales de Cali, Emcali, Juan Diego Flórez González, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 21 de septiembre de 2022, y a otros 12 funcionarios de esa entidad por presuntas irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporal AMI, que se pactó por 215.879 millones de pesos, para la implementación de una infraestructura de medición de energía avanzada.

Además del exgerente, el secretario general, la subgerente técnica, la jefe de la unidad jurídica, y la directora de presupuesto, son algunos de los 12 funcionarios de Emcali que serán investigados por la Procuraduría, quienes deben responder por presuntamente distorsionar los valores de los precios de los productos cotizados dentro del contrato.

Entre los casos detectados en el contrato, se encontró una cotización de dos televisores de 55 pulgadas por un poco más de 42 millones de pesos, un 247% más caro al promedio del estudio de mercado, y dos unidades de video wall para salas de trabajo cotizadas por más de 763 millones de pesos, un valor que está 285% por encima del precio promedio del mercado.

La Procuraduría asegura que, sobre la definición del valor del contrato, aparentemente existirían distorsiones no explicadas en el cuadro donde se compararon las cotizaciones, el cual fue suministrado por Emcali, “así como diferencias relevantes entre los valores definidos como promedio en los ítems y los valores contenidos en la oferta presentada, lo que generó sobrecostos en varios puntos del contrato”.

“Puede concluirse que hay cifras atípicas que probablemente afectaron los promedios de los precios unitarios y valor total en varios ítems cotizados, lo que al parecer conllevó a que se presentaran distorsiones extremas en los valores incluidos”, dijo la entidad.

Dentro de los hallazgos, están las cotizaciones de 3.000 unidades de medidores bifásicos trifilar y de 10.000 unidades de medidores trifásicos trifilar, cuyos precios rondan entre 521.255 y los 2.246.800 pesos, donde el mayor valor cotizado equivale a 4.3 veces el menor cotizado.

En los costos para la instalación del sistema comunicaciones por unidad, los costos rondan entre 396.700 y 5.133.084.504 millones de pesos, lo que muestra que, en este ítem, el mayor valor cotizado equivale a 12.962 veces al menor valor que se cotizó.

Los otros funcionarios de Emcali, a quienes se les abrió investigación, son el secretario general, Carlos Olmedo Arias Rey; el gerente de la Unidad Estratégica de Energía, Marino del Río Uribe; el gerente del Área de Abastecimiento, Jorge Hernelio Saldarriaga Romero, y el subgerente de Distribución de la Unidad Estratégica de Energía, Adolfo León Aponte García.

También la subgerente técnica de la Unidad Estratégica de Energía, Mercedes Patricia Muñoz Lora; la jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, Carmen Elena Camacho Lozano; la jefe de la Unidad de Abastecimiento, Sandra Milena Llanos, y la jefe de la Unidad de Control de Energía de la Unidad Estratégica de Energía, Ana María Benjumea Gil.

Finalmente, la coordinadora de la Unidad Jurídica, Diana Lucero Mejía Ramírez; la jefe de la Unidad Jurídica, Diana Paola Urrego Trujillo; la coordinadora de la Unidad de Abastecimiento, Silvia Patricia Galindo Salas, y la directora de Presupuesto, María Cristina Acosta Anzola.

“Por tratarse de la consumación de una política pública mediante la cual se establecen los mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) en el servicio público de energía eléctrica, el operador de red debe ser especialmente cuidadoso al abordar este proyecto y tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía y la normativa regulatoria emitida por la CREG, la cual conoce Emcali tal como lo señala en la Adenda 13”, agregó la Procuraduría.

Por esos hechos, el órgano de control señaló que aparentemente se habrían vulnerado los principios constitucionales de moralidad, economía e imparcialidad que rigen la función administrativa y el deber de la selección objetiva.

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