El concejal Fernando Alberto Tamayo hizo una propuesta al alcaldeJorge Iván Ospina la cual desató una polémica en la ciudad y es “devolver a su país de origen a los migrantes, indocumentados, que llegan a la ciudad a vivir en carpas bajo condiciones infrahumanas y expuestos al COVID-19” .
El cabildante resaltó que Cali no tiene como cubrir las necesidades de la población venezolana que llega en busca de ayudas.
El distrito no cuenta con el suficiente presupuesto y no hacer nada es un acto irresponsable.
No nos podemos acostumbrar a ver a los hermanos venezolanos viviendo sobre separadores o en inmediaciones de la terminal terrestre, engrosando los cinturones de miseria de la ciudad. Las condiciones en las que viven los niños son paupérrimas, lo más serio es coordinar con Migración Colombia para realizar ese traslado.
Publicidad
El personero de Cali, Harold Andrés Cortés, apoya la iniciativa pero dijo que deben ser deportados sòlo aquellos migrantes de nacionalidad venezolana que están delinquiendo en la ciudad.
“No porque sean población venezolana deben ser retornados a su país. Yo hablo de aquellos que están haciendo daño y cometiendo delitos al interior del país”, aseveró.
Publicidad
El director de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, el sacerdote Francisco Leudo Murillo, no comparte esa iniciativa. Afirmó que no se trata de rechazar a la población migrante, sino de acogerla y ayudarla en este momento de crisis mundial.
Creemos que el camino no es rechazar a la gente; es acompañar y acoger a los migrantes. Entonces, miremos hasta donde, objetivamente, la ciudad puede acoger a 100.000, 80.000, 50.000 personas en situación de vulnerabilidad y pobreza y sobre esa base platear unas estrategias que permita asistirlos.
Según Tamayo, en Cali hay cerca de 60.000 migrantes a corte de agosto, aunque la cifra puede ser mayor. Muchos de ellos indocumentados, en la mendicidad, en trabajos informales o algunos, reclutados en bandas delincuenciales, agregó el concejal.