En una clara y abierta defensa de la vida y el territorio, autoridades y comuneros de 11 resguardos indígenas awá de la zona rural de Tumaco dieron un ultimátum al Gobierno nacional para de forma inmediata se viabilice la entrada a los resguardos de Gran Rosario, Pulgande Campo Alegre, Inda Sabaleta y resguardo la brava, en donde más de 4.000 personas están confinadas desde hace más de tres meses.
A los grupos armados ilegales que se disputan el control de este territorio en el pacífico nariñense, las autoridades indígenas fueron contundentes tras advertir que ya se cansaron de enterrar los muertos y buscar infructuosamente a los desaparecidos y que están dispuestos a no dejarse matar si las disidencias y paramilitares insisten con sus asesinatos selectivos e intimidando a sus comunidades en corregimientos y veredas en la zona rural de Tumaco, pacifico nariñense.
Pero las denuncias de desplazamientos, amenazas y afectaciones a sus pueblos fueron más allá, tras asegurar que los jóvenes y niños ya no pueden transitar libremente por sus territorios porque se encuentran con los actores armados y dicen que esa guerra que no es de ellos, pero que la han tenido que asumir porque no saben a ciencia cierta cuántos son los grupos armados ilegales que están en la disputan del dominio territorial de la zona rural de Tumaco.
“Estamos encerrados en medio de una guerra que no nos pertenece y tenemos que proteger a nuestras comunidades”, dijo un vocero indígena, quien aseguró que el Estado colombiano los abandono a su suerte y, lo que es peor, nunca ha cumplido con los acuerdos pactados en pasadas movilizaciones. Además, pidió la implementación de los acuerdos de La Habana.
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“Es tal el punto que la fuerza pública ha llegado a decirnos que por qué hacemos tanto escándalo cuando encontramos a nuestros indígenas muertos y entonces uno se pregunta cuál es la función de la fuerza pública”, precisó uno de los lideres awá.
No es posible que con tanta fuerza pública y policías que hay en Llorente, Nariño, los homicidios hayan aumentado en los últimos meses y nadie dice nada y manifestaron que esto puede generar un desplazamiento masivo de resguardos que pueden llegar no solo a Llorente, sino a otras regiones, indico Pay, un joven integrante de la guardia indígena.
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Llorente, según las comunidades indígenas, se ha convertido en una fosa común, donde los actores armados ilegales tienen, al parecer, casas de pique y se dan el lujo de escoger los sitios donde entierran los muertos y ninguna autoridad da explicación alguna de lo que está ocurriendo en este corregimiento localizado a 65 kilómetros de la ciudad de Tumaco. Así los señaló un portavoz de los awá.
Este es un problema de conocimiento público que no quiere el Estado colombiano aceptarlo, por eso insistieron que los indígenas de la comunidad awá en esta zona de Llorente no puede andar solo porque se lo llevan y si la guardia indígena no actúa rápido, es un comunero muerto.
En sus denuncias, las autoridades indígenas insisten que la violencia está atrasando el desarrollo de la región y exigieron respuesta inmediata a las peticiones.
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En un comunicado las autoridades indígenas dicen textualmente: “La asociación ORIPAP ha denunciado reiteradamente las agresiones y los confinamientos a los que nos hemos visto sometidos en distintos resguardos sin tener ninguna respuesta por parte del Gobierno nacional, esta vez la situación ha llegado a un punto sin retorno que obliga a tomar medidas urgentes, esperamos que nuestro llamado por la vida y por la dignidad humana se escuchado”.
También pidieron que se preste una ayuda humanitaria y alimentaria urgente en los resguardos hoy confinados y se ordene la atención médica y psicología, pero que estas actuaciones se hagan con personal civil y no militar.
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Finalmente, lanzaron un llamado a todas las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos para que presten una mayor atención en Llorente, en donde los jóvenes de los once resguardos de la comunidad awá en Tumaco son fruta para los grupos armados ilegales.
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