En la madrugada del 28 de junio en la cárcel de Tuluá se presentó un incendio en el pabellón ocho, en el cual murieron 56 personas y cinco más aún están hospitalizadas debido a las lesiones.
La Defensoría del Pueblo estuvo haciendo una visita a la cárcel y posteriormente anunciaron que no se han tomado medidas de prevención para que se puedan prevenir situaciones como la ocurrida ese día.
“Durante la visita llamamos la atención a las autoridades en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior del centro penitenciario”, explicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
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Asimismo se evidenció que en la cárcel hay un hacinamiento de hasta el 24%, lo que dificulta el acceso a condiciones dignas de salud de quienes se encuentran privados de la libertad.
“Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto”, explicó Camargo.
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En el mismo sentido explicaron que la cárcel no tiene un cronograma de valoración médica para los detenidos, ni seguimiento a los tratamientos médicos, pues hay casos en que las citas con los especialistas se están demorando hasta tres meses.
“Desde La Defensoría insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”: fue el llamado de la entidad.
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