La Defensoría del Pueblo realizó una jornada de verificación de derechos en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí , y durante cuatro días pudo revisar las críticas condiciones que enfrentan 1.013 mujeres, a quienes también se les brindó la atención institucional respectiva.
“Evidenciamos insuficiencia de medicamentos para los tratamientos de pacientes crónicas, no se realizan valoraciones médicas en proporción necesaria para el número de internas del Centro Penitenciarios, ni cirugías pendientes, incluso, algunas mujeres llevan esperando más de un año para poder recibir los procedimientos, esto por la falta de dragoneantes disponibles para el traslado de las internas a los centros médicos”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Las delegadas para los Derechos de las Mujeres encontraron problemas de abastecimiento de agua, que solo llega una vez al día. El líquido suministrado es turbio y a esto se suma que un alto porcentaje de las baterías sanitarias que se encuentra en mal estado, lo que genera malos olores y vertimiento inadecuado de desechos orgánicos.
“Es evidente que en el Centro Penitenciario de Media y Alta Seguridad de Jamundí existe una grave vulneración de los derechos, por eso reitero mi llamado a las autoridades locales y a las autoridades penitencirias y carcelarias a tomar las medidas necesarias para brindar condiciones de dignidad a esta población privada de la libertad, conforme a lo que establece la Corte Constitucional en cuenta al estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia”, dijo el Defensor del Pueblo.
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Durante los cuatro días, la entidad logró la atención en salud para 486 mujeres privadas de la libertad en medicina general, odontología, muestras de laboratorio, entrega de medicamentos para quienes requieren continuar con tratamientos crónicos. Además, 540 mujeres recibieron atención psicosocial.
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