Maquinaria, materiales y abogados, el paquete que ofrecen bandas para invadir terrenos de Cali

La problemática de invasión de tierras ha tomado fuerza en los últimos meses en el suroccidente del país y Cali no es la excepción. En este distrito actualmente hay 188 asentamientos ilegales que afectan diferentes sectores como el corregimiento de Navarro, Felidia, La Betulia, la parte alta de Siloé, La Reforma, Altos de Menga, los cerros tutelares como Tres Cruces y otras zonas del oriente.

Según las autoridades, la problemática empeoró a raíz de las manifestaciones del paro nacional, donde se conformaron estructuras criminales y redes de delincuencia organizadas dedicadas a invadir terrenos privados para venderlo por partes a precios bajos.

El problema para los compradores es que luego terminan desplazados por cuenta de esas mismas organizaciones.

"Es una problemática muy compleja porque implica no solamente una red de delincuencia organizada, sino a procesos de desplazamiento interno porque los mismos que venden los predios luego amenazan a los compradores para que se marchen para venderlo nuevamente. Es una organización que a alcanza un nivel de sofisticación importante", dijo a BLU Radio, César Lemos, subsecretario de servicios de acceso a la justicia.

Lo que se ha podido evidenciar es que estos criminales, dentro de su paquete de servicios, consiguen el lote, alquilan maquinaria y venden el material para que el comprador levante su vivienda. Como si fuera poco, se ofrece hasta el acompañamiento de grupos de abogados que se encargan de defender a los ocupantes irregulares.

"Hacen una investigación predial detectando con claridad quiénes son los propietarios, las condiciones de seguridad, empiezan a hacer una promoción con la comunidad interesada a través de reuniones en las que dicen las condiciones y empiezan a planificar la toma del predio. Esa toma, una vez se verifica, ponen a un contingente de abogados que empiezan a comparecer a entrabar las diligencias y, mientras tanto, avanzan con el proceso constructivo de loteo edificación", agregó Lemos.

Lo que sigue es la instalación de forma ilegal de servicios públicos como energía con la construcción de postes y cableado y acueducto con mangueras. En el proceso de planificación para invadir uno de los métodos que utilizan estas personas es provocar incendios en esos terrenos.

"A los cañales les prenden fuego, después entran y cortan la caña y avanzan con el proceso. Una de las alertas tempranas, precisamente para detectar posibles invasiones es la quema, no solo de los cultivos sino del bosque. Cuando están quemando el bosque, muy seguramente va a haber invasión", manifestó el subsecretario.

Precisamente, el cuerpo de bomberos voluntarios emitió una alerta, debido a que en las últimas semanas los incendios forestales han aumentado considerablemente.

Lo particular es que se presentan repetitivamente en las mismas zonas: Alto Menga y el Cerro de las Tres Cruces. El teniente Jhon Fitgerald Rodas, jefe de emergencias de esta institución, advirtió que en años anteriores de la misma forma se invadieron terrenos.

"Es una zona muy vulnerable, donde hay mucha edificación ya y en anteriores ocasiones o en años anteriores esta situación empezó de manera muy similar. Se empezaron a registrar incendios en la zona y, posteriormente, aparecieron construcciones en material liviano en esterilla y cartón. Lo que empezó a dar inicio a asentamientos urbanos de desarrollo incompleto. En este momento, debido a que hemos tenido casi dos años de lluvia, la biomasa se encuentra muy alta, lo que quiere decir que en caso de un incendio forestal que se salga de control y coja mucha fuerza, podemos encontrarnos con que las viviendas y la población del sector se puedan ver involucradas", manifestó a BLU Radios el teniente.

Presencia de personas sospechosas

Los ciudadanos le han advertido a los bomberos que, previo a registrarse estos incendios, han notado la presencia de personas sospechosas.

"Cuando nosotros venimos a los incendios y los controlamos la misma comunidad se nos ha acercado y nos ha dicho que minutos antes de que salga el fuego han visto a personas merodeando, lo que los lleva a pensar que posiblemente estas personas son las que han prendido el fuego y son hipótesis que no se pueden descartar", agregó Rodas.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que quien se atreva a generar una situación como esta para apoderarse de un terreno que no le pertenece será judicializado.

"Allí, donde las personas invadan territorio público o privado, la acción es judicialización, porque no puede ser que las personas incendien para después vender tierra, aparentemente barata, a personas necesitadas y que se nos construya una conducta criminal", dijo el mandatario.

Los desalojos

El proceso de desalojo de estas invasiones no es fácil. Desde muy temprano todas la autoridades se reúnen para dar inicio a los operativos en los que, generalmente, se presentan enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública, debido a la negativa de retirarse.

Ante una invasión, el propietario tiene 48 horas para actuar a través de la fuerza pública que, de forma inmediata debe intervenir. En caso de superar ese periodo, la situación se complica, pues debe darse inicio a un proceso con querella que toma hasta un mes, tiempo suficiente para que se invada por completo.

Al internarse en estas invasiones en las que hay niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, se conoce un mundo diferente. Si bien algunas personas solo buscan poder conseguir un lugar para vivir por diferentes factores como la pobreza, falta de oportunidades o el desplazamiento, otras aprovechan para traficar estupefacientes y hurtar. En estos asentamientos en lo corrido del 2022, ya han sido asesinadas 9 personas.

"Siempre que hay una invasión, hay un problema digamos de repartir dividendos de los negocios ilegales, hay diferencias, confrontación y hay muerte atrás, como consecuencia de todo este proceso", dijo el subsecretario Lemos.

Muchas de las personas que invaden aseguran ser desplazadas por la violencia y no solo reclaman sus derechos, sino que indican que a esos predios la administración distrital nunca les prestó atención hasta que ellos llegaron.

"Como desplazados que somos nos sacaban de las casas porque no teníamos cómo pagar. Entonces, de ver este predio, nos metimos para poder nosotros vivir, entonces donde nos van a meter a nosotros", manifestó Paulina Riascos.

"Esta es la tercera vez que nos desalojan y yo no tengo para donde coger, nos queman el rancho y yo no nunca me he ido, vuelvo y paro con guadua", agregó Marco Quevedo.

Explican las autoridades que, contrario a lo que se cree, los ciudadanos extranjeros no están invadiendo, sin embargo, tienen otro tipo de participación en esta actividad delincuencial.

"Realmente la presencia de extranjeros, y especialmente de venezolanos, es muy poca. Entre otras cosas, porque no quieren infringir la norma porque saben que si lo hacen inmediatamente los van de devolver. Generalmente los venezolanos que hemos encontrado están laborando para los ocupantes irregulares. Generalmente los contratan para que construyan o deforesten. Muy pocas veces hemos encontrado extranjeros invadiendo", manifestó el subsecretario Lemos.

El problema llegó hasta el Concejo de Cali, desde donde se hace un llamado a las autoridades para que presten atención a esta problemática que cada vez toma más fuerza.

"Sectores como el Jarillón del río Cauca es tan complejo y donde se ha hecho una inversión tan grande. Por eso hago un llamado, pues mientras no se muestren judicializaciones en ese sentido, aquí no va a pasar absolutamente nada y este círculo vicioso va a continuar hasta que les suene la falta", dijo el concejal Fernando Tamayo.

"Hago un llamado a que se genere una secretaría o subsecretaría contra invasiones, para que no sigamos más con estrategias reaccionarias, cuando deberíamos enfocarnos en la prevención y así poder atender esta situación", agregó el concejal Juan Martín Bravo.

Cali tiene, a la fecha, el 44% de su población ubicada en asentamientos precarios y el 39% de la misma, en sitios de alto riesgo no mitigable.

Las autoridades distritales ofrecen hasta $30 millones como recompensa por información que conduzca a los promotores de las invasiones, para capturarlos.

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