BLU Radio conoció en primicia la audiencia que se celebró ante el Tribunal Superior de Bogotá contra tres exgobernadores del Chocó y algunos de sus funcionarios que habrían participado en un convenio que, supuestamente, masificaría el gas natural en el departamento, pero que terminó siendo otro de los ‘elefantes blancos’ que inundan esa región del país.
Los llamados a responder fueron los exgobernadores Hugo Arley Tobar, Efrén Palacios Serna y Jhoany Carlos Alberto Palacio Mosquera a quienes les imputaron cargos asociados a corrupción, como los son los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
La Fiscalía descubrió irregularidades en un convenio celebrado entre la Gobernación del Chocó y la empresa Universal De Servicios Públicos S.A. ESP., cuyo objeto fue “desarrollar el proyecto de construcción del sistema de masificación de gas natural de Itsmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto, Chocó occidente”, con el cual, dice el ente acusador, dicha empresa obtuvo ganancias ilícitas.
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El contrato se firmó por $17.838 millones y los investigadores encontraron que hubo un peculado por $4.518 millones, es decir, cerca del 25% de ese contrato quedó en manos de particulares.
El gobernador (…) sin sustento alguno, garantizó en ese oficio, sin ser cierto, el cumplimiento de las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación exigidas por la Ley 1530 de 2012. Confirmó que el proyecto había sido formulado correctamente en la metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación y que cumplía con los lineamientos y requisitos establecidos por la Comisión Rectora del SGR, cuando lo que se tramitó ante el OCAD fue un proyecto improvisado
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Continúo diciendo que dicho proyecto no se realizó con los fines de contribuir a la comunidad, sino para desviar recursos.
“Al que sobre la marcha se le realizaron modificaciones en su alcance, actividades y fuentes de financiación orientadas no a satisfacer el interés general de una comunidad, sino a desviar los recursos a la empresa formuladora, proponiéndola desde el principio como la futura constructora de las obras públicas”, agregó el fiscal.
El ente acusador puntualizó que, con la presentación del proyecto formulado por la empresa Universal De Servicios, avalaron un proyecto que no era sostenible, tampoco verificaron que tuviera la capacidad para la operación y prestación del servicio y, nunca constataron que cumpliera los requisitos del sector.
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