La dura lucha de los ediles de Cali para que se renueven los jefes de oficina en sus comunas

Hay preocupación en la capital del Valle por el manejo que se le estarían dando algunos jefes de oficina a los Centros de Administración Local Integrada, C.A.L.I.

Algunos de estos funcionarios, antes conocidos como ‘directores’, llevan más de una década en el cargo y han sido objetos de críticas por su gestión, además que no han sido renovados desde que se creó la figura.

Estos centros de administración fueron concebidos como un sistema de desconcentración administrativa, de distribución de funciones y del ejercicio de delegaciones, en la que se buscaba acercar la administración municipal a la ciudadanía.

De acuerdo con Cristian Perea, presidente de Asoediles de Cali, las Juntas Administradoras Locales, JAL de las 22 comunas, que son electos por voto popular, tienen el deber de elegir una terna para que la alcaldía cambie a estos directores.

Explica que, si no se hace, podrían incurrir en un prevaricato, de acuerdo al artículo sexto de la Constitución Política.

“Se cumple lo del numeral 9 del artículo 131 de la ley 136 de 1994 que dispone a las JAL ejercer, respecto de funcionarios de libre nombramiento y remoción que ejerzan funciones desconcentradas, en la respectiva comuna o corregimiento, los derechos de postulación y veto, conforme a la reglamentación que expida el Concejo Municipal", afirmó Perea

En varias comunas ya se han comenzado a realizar estos procesos en el que se busca “un cambio efectivo para la ciudadanía”, y así evitar que los CALIS se vuelvan “fortines de favores políticos” y de “personas que atacan con grosería a la ciudadanía”.

“Algunos van a decir que esto no se puede hacer, porque estamos en la transición de ciudad a distrito especial, pero los ediles del periodo actual fueron escogidos por comunas y no por localidades”, sostuvo.

Perea añadió que una de las cosas que más le preocupa es que en los CALIs deben tener una oficina para sesionar o adelantar sus labores, pero que en muchas comunas no las hay.

“No teneos papelería, ni oficina ni nada. Lo que tenemos es porque trabajamos a honoris causa (…) hacemos un proceso de trabajo independiente y nos sostenemos”, dijo.

No obstante, denuncia que algunos procesos para el cambio de jefe de oficina han sido torpedeados. Un ejemplo de ello es en la comuna 18.

“Lo que dice la Secretaría de Palpitación Ciudadana es que el alcalde no ha creado espacio de vacante para jefe de oficina, pero si nosotros vamos al acuerdo 135 creado desde el concejo, ahí se recoge que nosotros como ediles debemos regular el proceso”, añadió.

De acuerdo con Perea, estas oficinas en algunas ocasiones son “campos y espacios políticos” y ningún alcalde le ha metido mano al tema.

Para el abogado Gustavo Corrales, la JAL es autónoma -de adelantar estos procesos ya que está en sus deberes.

“A inicio de año las JAL enviaron un comunicado al alcalde y este les respondió a los ediles que ‘tiene que cumplir sus funciones en comunas y corregimientos’ y eso es lo que están haciendo”, instó.

Sin embargo, para Rodrigo Salazar secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, actualmente hay 7 CALIs en vacancia y que están a cargo de jefes de oficina que manejan otras comunas, como lo hace Jackeline Galeano en la 18 y la 17.

No obstante, precisa que esta situación ya está siendo analizada y que para inicios de 2021 se podrían ocupar esos cargos, pero con sin abrir convocatorias, sino con funcionarios que ya estén en la administración.

“Si bien son personas de libre nombramiento y remoción, es un proceso tedioso porque si se saca a una persona proteccionada o a punto de jubilarse, la Alcaldía podría entrar en una demanda que de perderse se entraría a un detrimento patrimonial. En 2021 tomaremos decisiones ajustadas al derecho”, añadió.

A su vez, el secretario Salazar precisó que los jefes de oficinas de los CALI pueden ser investigados si se descubre que tratan mal a la ciudadanía, no cumplen con su deber o violan cualquier procedimiento.

Finalmente, los ediles precisaron que son acompañados por equipos de veeduría y que asistirán a entes como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para que los dejen ejercer sus funciones y se cumpla lo establecido con la ley, o que el alcalde escuche que "el cambio hace parte de una necesidad ciudadana".