La Fiscalía imputó cargos a tres exfuncionarios de la Gobernación de Chocó y a dos particulares por su presunta participación en irregularidades en contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Las anomalías se habrían presentado en el contrato 198 del 15 de abril de 2020, cuyo valor ascendió a $2.091.500.000, en el que se contempló realizar jornadas de salud y orientación para mitigar el impacto del COVID en 27 municipios del Chocó.
La medida afecta al exsecretario de Salud de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado, las exfuncionarias de la Secretaria de Salud de Chocó, Miladys Mosquera Córdoba y Yineth Samira Palacios Moreno; y los representantes de la fundación contratada, Dally Karen Mosquera García y Efraín Kevin García Maturana. Los cargos formulados no fueron aceptados.
Entre las presuntas irregularidades al parecer, se encontraban las de no atender los verdaderos requerimientos de la población en salud pública, violación de decretos y resoluciones sobre austeridad.
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Igualmente, fue seleccionada una fundación que no tendría la experiencia ni capacidad operativa y técnica para cumplir 11 ciclos de capacitación a 116 grupos indígenas, afrodescendientes y gitanos como fue contemplado.
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