Familias de víctimas del incendio de la cárcel de Tuluá adelantan proceso legal contra el Inpec

Familiares de las víctimas del incendio registrado en el patio ocho de la cárcel de Tuluá el pasado 28 de junio, anunciaron que adelantan acciones legales contra el Inpec y el Ministerio de Justicia.

El detonante para que adelanten las mencionadas acciones legales, fue la muerte de Jhojan Orlando Arenas, de 20 años, víctima número 55 del incendio por el cual ya adelantan proceso de una demanda de reparación directa por la presunta responsabilidad administrativa y patrimonial de las mencionadas entidades, al no salvaguardar la vida de los reclusos que se encontraban en dicho pabellón.

"Hemos adelantado la representación de víctimas ante la Fiscalía para que penalmente se investiguen las conductas por acción y omisión que puedan ser constitutivas en el delito en este grave hecho que deja 55 personas fallecidas. Hasta el momento no tenemos respuesta por parte del Inpec y ninguna de las entidades, el proceso se encuentra en fase investigativa", indicó a Blu Radio Jonathan Velásquez, abogado de las familias.

"Estamos recaudando toda la información correspondiente y será la justicia penal la que defina la responsabilidad de cada uno de los actores y la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado en esta lamentable tragedia", añadió Velásquez.

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Dos capos del patio en medio de una riña, habrían detonado la emergencia al prender fuego a los colchones. Sin embargo, el presidente de la firma Legal Group, explicó que precisamente el material de esos elementos, además de otros hallazgos, fueron parte de los detonantes para que la conflagración se saliera de control.

"La Procuraduría, enun informe preliminar al lugar de los hechos , da cuenta que los extintores se encontraban en malas condiciones de funcionamiento, es decir que para el momento del incendio, los extintores no pudieron ser operados, que esta estructura, que data del año 1972, no contaba con un sistema contraincendios y que, al interior de la misma, se hallaron colchonetas inflamables que la norma prohíbe", agregó Velásquez.

Siete privados de la libertad permanecen en unidades de cuidado intensivo (UCI), cuatro en unidad de quemados y tres en hospitalización de centros médicos de Tuluá y Cali.

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