Este grupo ilegal, al parecer, garantizaba el transporte y la logística necesaria para sacar toneladas de clorhidrato de cocaína por las costas del Pacífico colombiano.
El material de prueba entregado por la Fiscalía evidenció que para sostenerse financieramente el grupo criminal y someter a la población, se dedicaban a la venta de estupefacientes, la extorsión, la amenaza y los ataques armados contra comerciantes, operadores turísticos y personas que llegaban a conocer la región.
La organización estaría involucrada en el desplazamiento de 12 personas que abandonaron sus predios y buscaron protección en Quibdó y Medellín, ante el temor de ser asesinados por no poder cumplir con las exigencias de dinero.
Entre los presuntos señalados está el cabecilla, identificado como Luis Fernando Becerra, quien también sería el encargado de imponer las cuotas extorsivas a comerciantes, dueños hoteles y restaurantes.
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La Fiscalía imputó a los detenidos, según el rol que ejercían, delitos como: concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio, amenazas, extorsión; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Un juez penal de control de garantías impuso a todos los procesados medida de aseguramiento en la cárcel.
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