En la tarde de este lunes fue radicado ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle una demanda que busca tumbar la ordenanza con la que la Gobernación del Valle impuso el pago de un impuesto sobre la energía para financiar la seguridad del departamento, y que será cobrado a hogares de estrato 4, 5 y 6 y a empresarios y comerciantes.
“Encontramos que la Gobernación del Valle pasó por encima de la Constitución y de la ley. No hay ninguna relación directa e indirecta entre la energía y la seguridad. También se viola la ley que regula los servicios públicos”, explicó Juanita Cataño, diputada del Valle.
El cobro del impuesto a la energía comenzaría a regir a partir de enero del 2017.
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