A la cárcel fue enviado el exsecretario de educación de Buenaventura, Hamington Valencia y siete personas más involucradas en varias irregularidades halladas por la Fiscalía en un contrato que presuntamente buscaba dotar de internet a 88 instituciones educativas del distrito.
Según las investigaciones, el exsecretario suscribió el contrato con el representante de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, por un valor superior a los $1.300 millones de pesos, que supuestamente se ejecutaría en dos meses.
Sin embargo, la Fiscalía encontró que el contrato se dio durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el 2020, cuando los estudiantes no se encontraban en las aulas.
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También se detectó que se realizó un proceso de contratación directa y Emtel, como compañía encargada de llevar el internet a los colegios, contrató a otras dos entidades para cumplir con la actividad generando un beneficio de más de 206 millones de pesos.
El ente investigador reveló que el contrato se cumplió en un 66% y algunos de los casos incumplían los lineamientos estipulados por el Ministerio de las Tecnologías.
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El material de prueba indica que Emtel, como compañía encargada de llevar internet a los colegios, al parecer, subcontrató a otras dos entidades para intentar cumplir con la actividad encomendada. Esto habría generado un beneficio económico superior a los 206 millones de pesos. pic.twitter.com/1QaFGMkste
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 15, 2022
Luego de ser presentados ante un juez, el exsecretario Valencia imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos fue enviado a la cárcel, al igual que Jorge Hernán Gómez gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Los demás funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura fueron procesados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
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