La suscripción de un acta de concertación entre el Gobierno y el comité de paro en Buenaventura desató reacciones entre políticos del país que aseguraron que el documento abría la puerta para que bajo la figura de veeduría ciudadana particulares inspeccionaran cargas en el puerto vallecaucano y decidieran qué mercancía entrara y saliera.
Dicha interpretación fue desmentida por el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados, quien aseguró que la administración nacional "no ha cedido un centímetro de institucionalidad".
El Gobierno y el comité de paro de Buenaventura acordaron la creación de un 'Corredor por la vida y por la paz', así como un mecanismo de veeduría de los vehículos que circulen por él. En el acta quedó establecido que será la Policía Nacional adelantará inspección documental sobre sellos de garantía y seguridad a las tractomulas, así como inspección documental y ocular a la carga.
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Sin embargo, el documento establece que dicha revisión tendrá "acompañamiento" de "máximo 10 delegados del comité de paro, garantizado que estos realicen registro audiovisual "como garantes".
El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras calificó el acuerdo como un "exabrupto" y calificó como "descriteriados" al nuevo comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, así como al viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados.
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Y para quienes tienen dudas, sírvanse leer el acuerdo pic.twitter.com/vNWNhdqRud
— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 28, 2021
De acuerdo con el senador Gabriel Velasco, el acta legitima "las vías de hecho como forma de presión al Estado".
El gobierno autoriza al comite del paro de Btura a inspeccionar y decidir que mercancia entra y sale del puerto. ¿Otorga poderes de nueva autoridad?
— Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) May 27, 2021
Preocupa que este acto legitime las vías de hecho como forma de presión al estado
Diálogo si, pero sin ceder la institucionalidad pic.twitter.com/IMcKB3GZ18
En respuesta a las críticas, el viceministro Díaz Granados aseguró que la veeduría ciudadana está en el marco de la ley y que la inspección de la carga será ejercida de forma exclusiva por la Policía Nacional.
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No hemos facultado a particulares a inspeccionar carga en Buenaventura. Esa facultad la ejerce de manera exclusiva @PoliciaColombia. Cosa distinta es el ejercicio de veeduría ciudadana en el marco de la ley. No hemos cedido un centímetro de institucionalidad. @gabrieljvelasco
— Juan P. DiazGranados (@diazgranadosjp) May 28, 2021
El documento que generó controversia dice en su séptimo numeral, textualmente:
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"7. Se establecerá un mecanismo de veeduría de los vehículos que vayan a circular por el corredor por la vida y por la paz consistente en lo siguiente:
a. Inspección documental a cargo de la Ponal respetando los sellos de garantía y seguridad a los tractocamiones con contenedores.
b. Inspección documental y ocular, a cargo de la PONAL, uno a uno de los tractocamiones carpados, encarrozados y volcó.
c. El punto de inspección documental y ocular, a cargo de la PONAL, ser La entrada del Bajo Calima, popularmente conocida como ‘entrada del Gallinero’.
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La inspección documental y ocular ejercida por la PONAL será acompañada por máximo 10 delegados del Comité Distrital del Paro Nacional- Buenaventura, garantizando que estos realicen el registro fotográfico o fílmico del procedimiento. También se contará con la presencia del Ministerio Público como garante de dicho procedimiento."
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