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A la cárcel oficial y dos patrulleros de la Policía por el asesinato de joven indígena en Nariño

La víctima, de 23 años de edad, murió en un centro asistencial luego de haber recibido una impresionante golpiza.

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Blu Radio. Policía / Foto: AFP

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el capitán Carlos José Salcedo Peñalosa y los patrulleros de la Policía Nacional seccional Nariño Jaime Alberto Alba Zuleta, y Omar Eduardo Galíndez Cortes.

Los uniformados son sindicados de haberle propinado una golpiza a Ángel Daniel Revelo Regino, de 23 años de edad, quien era integrante del resguardo indígena de Cumbal.

El joven falleció después de permanecer nueve días en una clínica de Ipiales a consecuencia de las lesiones provocadas por los golpes recibidos al interior de la estación de Policía de Cumbal.

Durante la audiencia que se extendió por mas de 10 horas, la fiscal 14 especializada demostró cómo los agentes antes mencionados retuvieron al joven indígena el 20 de junio del 2020 después que se presentara un supuesto accidente de dos motos en hechos ocurridos en el casco urbano del municipio de Cumbal población localizada al sur de Nariño frontera con el Ecuador.

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La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario se tomó según el administrador de justicia luego de escuchar los relatos de la fiscalía y uno de los testigos presenciales que contó con detalle lo que ocurrió esa noche del 20 de junio del 2020.

Según el ente acusador, los tres agentes, que para la fecha de los hechos estaban adscritos a la estación de Policía del municipio de Cumbal, detuvieron a Daniel Revelo y Jefferson Alpala, luego de una acalorada discusión en una de las calles de esa población nariñense.

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Según los uniformados Alpala y Revelo, ambos capturados estaban ingiriendo licor y habrían violado el toque de queda dispuesto dentro de las medidas de bioseguridad como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Seguidamente, la fiscal que investiga el caso contó a los asistentes a la audiencia virtual que Revelo, quien era padre de un niño de dos años de edad, fue ingresado por los agentes a una de los calabozos en donde, según un testigo, recibió toda clase de insultos y golpes.

En los relatos, la Fiscalía dijo que, a pesar de los gritos de desespero para que no lo golpearan más, los agentes hicieron caso omiso y por el contrario seguían con sus insultos.

En la audiencia también quedó demostrado que el joven indígena nunca fue auxiliado por ninguno de los agentes de la estación de Policía.

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Solo una de las patrulleras que estuvo de turno esa noche pidió al entonces teniente Salcedo Peñalosa atención para el detenido pues se estaba quejando mucho, a lo que él respondió que eso era "producto de la borrachera".

El joven indígena fue trasladado de urgencia al día siguiente hasta el hospital de Cumbal en donde, de acuerdo a un primer reporte médico, presentó hematomas en el cráneo y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.

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La fiscal dijo que el oficial y los dos patrulleros capturados representan un verdadero peligro para la sociedad, por eso solicitó del juez la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por su parte, la defensa de los uniformados interpuso un recurso de apelación contra la medida de aseguramiento, tras insistir que los dos capturados, Alpala y Revelo, sí estaban borrachos, afirmación que fue refutada hasta por el mismo juez, debido a que no hay ninguna prueba de alcoholemia que demuestre lo dicho por el abogado defensor de los tres uniformados.

El abogado defensor también dijo que muchas de las pruebas presentadas por la Fiscalía "son faltas a la verdad" y que lo va a demostrar ante el juez superior que asuma la apelación.

También consideró que hay muchas contradicciones en los testimonios de los testigos porque esta en juego la libertad y la profesión de tres personas integrantes de la Policía.

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La apelación de la medida dictada por el juez con función de control de garantías será asumida por un juez superior de la ciudad de Ipiales, en tanto que el representante de la Procuraduría pidió que los tres uniformados sean recluidos en la cárcel judicial de Ipiales en un pabellón especial donde se pueda garantizar la protección de sus vidas.

Siga y escuche el podcast de La Intérprete:

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