El Tribunal Superior de Cundinamarca se pronunció, pues ordenó traslados de policías y de todo el personal que prestaron servicios en los CAI involucrados en las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020.
Ordenó también a la Fiscalía y a la Procuraduría, entregar un informe actualizado que indique la etapa en la que va cada una de las investigaciones que están en curso en contra de los policías involucrados en esas protestas.
LaAlcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno de la capital no se quedaron por fuera, pues el tribunal les pidió elaborar un listado detallado de las personas reportadas como víctimas sobrevivientes de las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 para que se adopten las medidas pertinentes.
Para la verificación de las órdenes impartidas en el fallo de 76 páginas, se ordena crear un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual debe ser presidido por el magistrado sustanciador del proceso e integrado por funcionarios de la Veeduría Distrital, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el representante del Ministerio Público.
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Las entidades tienen un plazo de 15 días, para indicar al tribunal superior el nombre del funcionario que la representará en el comité de verificación de cumplimiento de la sentencia y cada entidad además debe presentar cada mes un informe de cumplimiento.
Todo porque el tribunal pudo evidenciar que no hay avances claros ni en las investigaciones penales, ni disciplinarias frente al exceso de la fuerza pública en las marchas, como en las agresiones a la Policía.
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