La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 12 presuntos integrantes de una red señalada de deforestar más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en varios municipios de Cundinamarca y Boyacá.
El objetivo de la deforestación era la de obtener madera de especies protegidas y comercializarlas en el mercado nacional, por lo que fueron capturados 12 integrantes de una red. Dos de los procesados son funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y uno más es contratista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quienes, al parecer, usaban sus cargos e influencia, y a cambio de dinero, facilitaban la expedición de permisos para aprovechar el recurso en zonas de reserva forestal o gestionaban salvoconductos que le permitían a la organización mover grandes cantidades de madera y darles apariencia de legalidad.
“El grupo delictivo presuntamente compraba o se apropiaba de manera irregular de bosques, talaba árboles y trasladaba la madera a distintos puntos de acopio donde se coordinaba la venta y su distribución. Un fiscal de la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos, imputó a estas 12 personas, por participación los delitos de concierto para delinquir, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho por dar u ofrecer. Nueve de los procesados aceptaron cargos”, según dijo el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar de la Fiscalía General de la Nación.
Los restantes tres miembros de esta red de deforestación, iniciaron un proceso judicial por los delitos imputados al indicar que estos no pertenecían a esta banda delincuencial que operaba en Boyacá y Cundinamarca.
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