El Tribunal Superior de Barranquilla , por pedido de la Procuraduría , revocó los beneficios por aceptación de cargos de Édgar Rafael Piedrahita Hernández y Héctor Enrique Amarís Piñeres, procesados por enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado, por no haber pactado el reintegro de más de $24.000 millones de la empresa Triple A, recursos de los que se habrían apropiado se manera irregular, según el ente de control.
Piedrahita Hernández es procesado por tramitar en nombre de Recaudos y Tributos S.A. al menos 54 órdenes de pago por valor de $23.379 millones, "que corresponderían a servicios inexistentes", de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
A Amarís Piñeres, representante de Iarco Ltda, se le juzga por nueve facturas de transporte de residuos sólidos en Barranquilla, sin que al parecer hubiera prestado el servicio, que se facturó $1.350 millones, "recursos que habrían sido entregados a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A.
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El Tribunal de Barranquilla tuvo en cuenta los argumentos de la Procuraduría, que en su condición de apelante único advirtió que en los casos de allanamiento de cargos y preacuerdos “cuando se trata de conductas ilícitas en las que el procesado obtuvo un incremento patrimonial, para sí o para otros, es requisito necesario la devolución de la mitad del valor apropiado y además garantizar el recaudo del monto restante".
En su decisión, el magistrado de la Sala Penal, Luis Felipe Colmenares Russo, señaló que más allá de reconocer su culpa, los acusados, como lo advirtió el Ministerio Público, en ningún momento llegaron a algún tipo de acuerdo para devolver los millonarios recursos de los que se habrían apropiado.
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Por todo, se reitera que, lo que procede es revocar en todas sus partes la decisión fechada cinco (05) de agosto de los corrientes, tomada por el Juzgado Único Penal Especializado de Conocimiento de Barranquilla (Atlántico), por medio del cual declaró legal el allanamiento hecho por los señores Édgar Piedrahita y Héctor Amarís, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado.
En consecuencia, el tribunal ordena que continúen las fases procesales conforme el diseño de la Ley, esto es, que la aceptación de culpabilidad conlleve la devolución del dinero, o de lo contrario la Fiscalía haga lo que corresponda.
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