Suspenden por tres meses al registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla

“Por presuntamente afectar con su actuación el área de un inmueble disminuyéndolo de 95 a 5 hectáreas”, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro suspendió, por tres meses, al registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Rafael José Pérez Herazo.Esta presunta irregularidad se dio a conocer a través de una denuncia presentada en contra del funcionario y en la que, según la denunciante, “tal situación jurídica previamente había transitado a cosa juzgada en una decisión que se expidió en abril de 2009, en la que se concluye que el predio tenía el área descrita”.En medio de la investigación adelantada por la Oficina de Control Interno, lograron establecer una presunta actuación fuera de la ley para disminuir el área, lo que será objeto de investigación a partir de un proceso que debe adelantarse si el funcionario frente al cargo.“Esta es una decisión en segunda instancia. Hay una irregularidad que fue verificada. El registrador debe cumplir unos principios y eso se revisa”, indicó la superintendente Fernanda García. Irregularidades en la Oficina de Instrumentos PúblicosTras una intervención realizada a la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos entre el 6 y el 30 de diciembre, la Supernotariado “estableció que el estado de la oficina es crítico, toda vez que se evidenció preocupantes atrasos e incumplimientos de los procesos y procedimientos que rigen la actividad registral”.Según explica la superintendente evidenciaron 16 casos irregulares de modificación de áreas y/o linderos, también de matrículas sin fundamento legal. “Había actuaciones administrativas que no cumplían con lo previsto por la ley”, manifestó la funcionaria. A esto se sumaría un grupo de acciones del registrador y la coordinadora jurídica sin que presuntamente mediara una orden judicial o administrativa", dijo.También “se documentaron cuatro casos en los que se hicieron registros inmediatos de documentos que no correspondían con el protocolo de las notarías en los que se tuvo que adelantar actuación administrativa”.