Como "pañitos de agua tibia" catalogó la Mesa Técnica de Energía Eléctrica en Barranquilla y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe, el acuerdo entre la CREG y el Gobierno Nacional para bajar las tarifas de energía eléctrica en la costa norte colombiana.
Dentro de las reacciones que se tejen en torno a los anuncios entregados por laministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el acuerdo "no contempla soluciones contundentes para esta región del país", teniendo en cuenta que en ciudades capitales como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, la variación del Impuesto al Consumidor llega al 44,4%.
Norman Alarcón Rodas , coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe, señaló que el acuerdo habla de una rebaja del 4% al 5% en un año, mientras que el DANE ha informado que las tarifas habían aumentado en un 50% para los siete departamentos de la región Caribe.
"No hay solución por ese lado. Se habla de unos pactos transitorios y voluntarios pero, ojo, no se toca el régimen transitorio especial tarifario para la región Caribe, que es la resolución 010 de 2020, que fue la que trajo los aumentos a la costa Caribe a través de la cual se implementó en el cobro por concepto de pérdidas", dijo.
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Para Jorge Senior Martínez, Coordinador de la Mesa Técnica de Energía Eléctrica en Barranquilla, "lo que hubo fue un acuerdo entre cachacos", ya que continúan tomando decisiones a espaldas de la comunidad del Caribe, quienes son los verdaderos afectados por el cobro "desmedido" en el servicio de energía eléctrica.
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"Consideramos que es un inicio tímido, ya que no tiene en cuenta a la región Caribe. Nosotros estamos preocupados por la diferencia entre la región y el resto del país. Hay que bajar las tarifas y en eso estamos claros, pero hay una diferencia entre el interior y la costa que se debe a las pérdidas no técnicas que únicamente se cobran aquí", aseguró.
Ante este panorama, comerciantes de Barranquilla, líderes comunitarios y múltiples organizaciones civiles convocaron a una marcha pacífica el próximo 29 de septiembre para exigir soluciones de fondo que representen una "verdadera reducción en el valor de la tarifa".
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