Se acercan las elecciones regionales y municipios como El Roble, Ovejas, San Onofre, Corozal y las subregiones del San Jorge y La Mojana en Sucre están bajo la lupa de las autoridades electorales en el país, luego de que labores de inteligencia confirmaran que algunos candidatos a alcaldías y concejos estarían recibiendo financiación de grupos al margen de la ley.
Durante la instalación delSexto Comité de Seguimiento Electoral realizada en Sincelejo durante la tarde de este sábado, Vega les envió un ultimátum a candidatos que, aparentemente, están coordinando logísticas para las elecciones con organizaciones criminales como el Clan del Golfo; advirtiéndoles que sus elecciones quedaran anuladas de llegar a quedar elegidos y podrían, muy posiblemente, ser judicializados.
“Esos candidatos pueden ser judicializados y capturados antes de la elección y si resultan elegidos van a tener el mismo designio: ser capturados y va a haber elecciones atípicas en caso tal”, destacó Vega.
A su turno, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa; sostuvo que hay un constreñimiento generalizado en el departamento, pues cuentan con siete casos de candidatos que han renunciado a sus aspiraciones por constreñimiento que están ejerciendo diferentes organizaciones criminales.
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“Candidato que se reúna con esos bandidos no puede participar en las elecciones, porque va a llegar cooptado. Candidato que le de plata a esos bandidos no puede llegar a elegirse. El candidato que aceptó entregarle dinero o apoyo logístico al Clan del Golfo no debería participar en las elecciones", dijo.
Espinosa, además, anunció que se implementará la biometría en varios municipios sucreños para evitar la suplantación y/o compra de votos, de acuerdo con el mapa de riesgo electoral en el que se encuentran ahora.
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En esta sesión, que se efectuó en el auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación, participaron también funcionarios del Ministerio del Interior, representantes de las alcaldías, personerías, miembros de la Policía, Infantería de Marina, Ejército, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y representantes de partidos políticos, entre otros.
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