La Procuraduría General de la Nación acaba de demandar ante el Tribunal Administrativo de Bolívar la elección de Antonio Quinto Guerra como alcalde de Cartagena.
Para el Ministerio Público, Guerra está inhabilitado para ejercer el cargo, pues estaba inhabilitado para inscribirse como candidato debido a que se había desempeñado como contratista del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Bolívar hasta diciembre de 2017.
La Procuraduría General sostiene en su demanda que “sí existe una inhabilidad por la celebración de contratos con entidades públicas nacionales, que tenían injerencia en el departamento de Bolívar y particularmente en el Distrito Especial de Cartagena”.
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“Quinto Guerra, dice el Ministerio Público, celebró un contrato y lo ejecutó en municipio donde se debía dar la contienda electoral, de la cual salió ganador.
Aprovechó recursos públicos y aprovechó de la dignidad ciudadana, se establecieron diferencias e influencias frente a los electores y desigualdad frente a los otros candidatos”.
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Esta decisión de la Procuraduría General se veía venir y también sus consecuencias. El alcalde Quinto Guerra deberá dedicar todas sus energías a defender su cargo y ello indica cambiar sus prioridades de gobierno.
Pero, además, el desenlace jurídico también es previsible: Quinto Guerra será sancionado por el Ministerio Público y deberá separarse del cargo, como ocurrió con sus antecesores. Mientras tanto, Cartagena seguirá sumida en la corrupción y la miseria.
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