Una vez la Alcaldía de Barranquilla negó los permisos para la realización de Lalexpo y les cerró las puertas a este polémico congreso de la industria porno que se desarrollaría en la capital del Atlántico, los organizadores del evento advirtieron que preparan acciones legales porque consideran que "se está generando una discriminación evidente y se están violando derechos fundamentales".
"Junto a nuestro jurídico estamos evaluando diferentes medidas encaminadas a proteger nuestra industria y los derechos de más de 150.000 personas que viven del sector", expresaron los organizadores, a través de un comunicado.
Desde Lalexpo aseguraron que "es falso que el evento no cumpliera con los requisitos legales para obtener el aval necesario para su realización".
Insistieron en que "esta es una decisión política" que desconoce sus derechos "y sienta un muy mal precedente para la ciudad poniendo en juego el desarrollo de la libre empresa, el derecho al trabajo y la dignidad de miles de personas que diariamente derivan su sustento de esta industria".
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Al mismo tiempo, los organizadores reiteraron que como industria generan "ventas superiores a los USD $600 millones al año, lo que representa más de $80.000 millones en ingresos para la nación y los entes territoriales por concepto de impuestos".
"Con esta decisión se está perjudicando los organizadores y asistentes, pero también a cientos de barranquilleros de los sectores hotelero, gastronómico, logística, transporte, entre otros, que esperaban obtener ingresos gracias a la organización del congreso", concluye el comunicado.
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Acciones legales
El gerente de Lalexpo, Juan Carlos Rivera, afirmó que en la Alcaldía de Barranquilla “se inventaron que el evento no cumplía los requerimientos” para frenar su realización, “porque no hallaban otra forma de negar los permisos”, motivo por el que ahora más de 1.000 abogados de la industria del entretenimiento para adultos están alistando demandas para defender el sector.
Rivera anunció que las acciones legales se interpondrán en contra de las alcaldías de Barranquilla y Cartagena, ya que el rechazo de ambas administraciones no solo implicó la cancelación definitiva del evento y la pérdida de más de 20.000 millones de pesos invertidos, sino que también está provocando una “grave estigmatización” sobre la industria de entretenimiento para adultos.
"Ya interpusimos una tutela en Cartagena, pero además la industria a nivel nacional está tomando medidas. Contamos con más de 1.200 abogados y ya todos empezaron a hacer trámites para iniciar las respectivas demandas".
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