La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que no cederá la participación que tiene en la empresa Triple A al Distrito de Barranquilla, tras las presuntas irregularidades en la venta de acciones que se han conocido de la empresa de servicios públicos y que ya están siendo revisadas por la Contraloría.
“Recién llegamos a la entidad y nos posesionamos adelantamos un estudio jurídico de los hechos y, dada la experticia que se requiere para la administración de una empresa como esta, requerimos a la Superintendencia de Servicios Públicos el acompañamiento para tomar las decisiones ”, dijo el director de la SAE, Daniel Rojas.
El estudio de valoración que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos y que fue basado en los supuestos macroeconómicos que tienen el Banco de la República, arrojó que la empresa Triple A tiene una valoración por 2,4 billones de pesos y la SAE administra el 83,6% de la empresa, que es de 1,9 billones de pesos.
El contrato que se suscribió es superior a los 500.000 millones de pesos. Es en este contrato en el que se encontró una preocupación respecto a su trasparencia.
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Cabe resaltar que la superintendencia también contrató a la empresa Deloitte para llevar a cabo la valoración y lo que dio cuenta esa compañía también es preocupante respecto al contrato que se suscribió.
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A partir de allí, la superintendencia le sugirió a la Sociedad de Activos Especiales hacer una suspensión temporal del contrato hasta que la Contraloría adelante las investigaciones. Ese órgano de control ya citó a las partes el 14 de enero para esclarecer el contrato.
“En ese caso, y dado que la SAE no puede hacer la suspensión unilateral del contrato como se sugiere, informamos que nuestra decisión es la de suspender, o mejor, abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de de los órganos de control”, dijo Rojas.
Ante esto, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, aseguró que: "la SAE desde el mes pasado nos solicitaron hacer una valoración de la Triple A (…) encontrando algunas presuntas violaciones al ordenamiento jurídico y por eso le ha solicitado a la SAE la posibilidad de entrar a hablar con el otro contratante a fin de revisar todos los cuestionamientos jurídicos y económicos que encierra el contrato”.
Y es que lo que se encontró la Superintendencia es, por ejemplo, que el contrato se hizo con el mecanismo de la venta temprana cuando es un mecanismo excepcional. "Consideramos que no ha sido tan transparente la negociación que se ha hecho porque las observaciones que hemos hecho en la carta que enviamos a la SAE recomendando la necesidad de suspender la continuidad del trámite de enajenación hasta que los órganos de control, hasta que las partes se sienten y evalúen las posibles irregularidades en el contrato”, dijo Quiroga.
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