Procuraduría solicitó agilizar obras para frenar erosión en Salamina, Magdalena

La Procuraduría General de la Nación advirtió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que las obras contratadas para mitigar el fenómeno de erosión del río Magdalena, a la altura de los municipios de Salamina y El Piñón, departamento del Magdalena, “no están avanzando lo suficiente y van a un ritmo exageradamente lento. ”.

El Ministerio Público expuso su preocupación frente al fenómeno de erosión que se presenta en diferentes sectores en una carta enviada a los directores de la UNGRD, Eduardo José González, de las corporaciones autónomas del río Grande de la Magdalena, Pedro Pablo Jurado Durán y del Magdalena Carlos Francisco Díaz Granados, al gobernador del departamento, Carlos Eduardo Caicedo Omar, a los alcaldes de Salamina, Jorge Luis Orozco Mutto y de El Piñón, Jhair Alberto Caballero.

Esto, ante el alto riesgo de inundación por el desbordamiento del río que pone en peligro la vida e integridad física de la comunidad.

“La parte técnica de la Procuraduría presenta en este documento un alto grado de preocupación y un llamado de atención, ya que los incrementos de los niveles del río siguen ascendiendo y, en varios sectores visitados, la orilla se encuentra a una distancia de 20 y 30 centímetros de ocasionarse el desbordamiento del río”, indica el informe.

De igual forma, el Ministerio Público evidenció que el jarillón “no se está construyendo con las recomendaciones y diseños que se han planteado en las diferentes reuniones con Cormagdalena, ya que los taludes carecen de la protección lateral recomendada con los big bags que se habían sugerido”.

Asimismo, les requirió para que envíen los diseños que soporten la inversión de los $31.000 millones que van a recibir para la atención de este fenómeno.

Finalmente, el ente de control informó que se compulsarán copias del documento a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y se rendirá informes con fines disciplinarios para que determinen la existencia de posibles responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias frente a este caso.