Ante los tribunales de Bolívar, la Procuraduría General de la Nación radicó una demanda con la que se busca que se declare la nulidad de la elección de Antonio Quinto Guerra como alcalde de Cartagena.
La Procuraduría argumentó que Quinto Guerra estaba inhabilitado para participar de estos comicios pues había suscrito dos contratos con la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda cinco meses antes de la fecha inicialmente pactada para las votaciones.
Además, el contrato con el Ministerio de Vivienda, de acuerdo con la Procuraduría, se amplió el 30 de octubre de 2017 a través de un otrosí.
De acuerdo con el Ministerio Público, un candidato a elección popular no puede ser al mismo tiempo contratista del Estado, y, al adelantar contratos en la misma región en la que buscaba ser elegido, estaba teniendo una ventaja sobre los demás candidatos
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“La anterior situación favoreció (al entonces candidato) Antonio Quinto Guerra Varela y desequilibró las campañas electorales al ubicarlo en una condición de privilegio frente a las demás opciones políticas”, señaló en su momento la Procuraduría, que le había pedido desde un comienzo al Consejo Nacional Electoral que anulara la inscripción de Quinto Guerra como candidato.
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La Procuraduría también señaló además que, para el momento de suscribir el otrosí, Antonio Quinto Guerra Varela sabía que necesariamente se irían a realizar elecciones atípicas para designar alcalde de Cartagena, pues el alcalde para ese momento ya había sido suspendido.
Sin embargo, en el CNE avaló la tesis de que no hay seguridad sobre la fecha en que caducaron dichos contratos por lo cual le dio vía libre a su candidatura y a la posterior elección de Quinto Guerra que se dio en medio de abstencionismo pues solo el 23% de los ciudadanos aptos para votar acudió a las urnas en las elecciones atípicas que se celebraron en Cartagena a principios de mayo.
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