La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alertó sobre el aumento de casos de homicidios y extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla, lo que evidencia que las medidas y acciones de las autoridades competentes no han sido suficientes para disminuir la criminalidad en la región y que, por el contrario, los datos han aumentado a pesar de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo desde el año 2020 y reiterada en el 2023.
Según lo referenciado por la jefa del Ministerio Público, el homicidio aumentó en los primeros tres meses del 2023 en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia; registrando en el 2021, 140 casos, mientras que, en el mismo periodo de 2022, se presentaron 171 homicidios y en el 2023, en el primer trimestre del año fueron 201 casos.
Igualmente, frente al delito de extorsión, la procuradora Cabello señaló que es una de las conductas vulneratorias que más impacto tiene en la población, precisando que en el 2021, se presentaron 125 casos; en el 2022, fueron 283, y en el 2023, con corte al 31 de mayo, se han reportado 367 casos; de los cuales fueron 243 en Barranquilla, 89 en Soledad, 16 en Malambo, 14 en Galapa y 5 en Puerto Colombia.
Cuestionó que, pese a las alarmantes cifras, el alcalde de Barranquilla y de algunos municipios del área metropolitana como Soledad y Puerto Colombia no asistieron a la convocatoria realizada por el Gobierno nacional.
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“Esto no es una rendición de cuentas, no es una reunión de funcionarios de menor categoría y no por eso importantes, sino por las cabezas que son las que tienen que estar en este tipo de reuniones para efectos de determinar si las respuestas o planes de acciones que están haciendo las diferentes entidades nacionales, departamentales y municipales frente a las aletas tempranas están dando resultados y lo que hemos visto es que ha aumentado los homicidios, las extorsiones y la inseguridad sigue latente en los pensamientos de los ciudadanos”, dijo.
Finalmente, insistió en que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo realizarán seguimiento permanente al cumplimiento de las recomendaciones emitidas, a través de la reciente constitución de la Comisión Nacional del Ministerio Público para el Seguimiento a la Respuesta Rápida y a las alertas tempranas, para verificar que las entidades responsables estén cumpliendo y evaluar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.
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