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Pliego de cargos a alcalde de Cartagena por posibles sobrecostos en contrato para el PAE en pandemia

Según la Procuraduría, el contrato beneficiaba a más de 90.000 estudiantes y en algunos casos los kits de alimentación fueron entregados incompletos.

William Dau.
William Dau.
Cortesía.

Los cargos presentados por la Procuraduría contra el alcalde de Cartagena , William Dau Chamat, y la directora de Cobertura de Educación del municipio, Alexandra Herrera, tienen relación con presuntas irregularidades por sobrecostos de $527 millones, en el contrato del PAE para 97.135 estudiantes de los colegios públicos de la ciudad durante la pandemia

Según la Procuraduría, Dau suscribió una adición por $3.400 millones sobre el contrato original, que fue firmado por $22.459 millones, a pesar de que la Contraloría ya había advertido los sobrecostos y la diferencia entre los paquetes alimenticios propuestos y los que realmente fueron entregados a los estudiantes en sus casas.

“La falta del alcalde fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y adicionado el contrato en cuestión, no obstante que, al parecer, existían sobrecostos, con lo cual presuntamente se causó un detrimento al patrimonio público de $527.398.851. La directora de Cobertura Educativa obtuvo la misma calificación provisional de falta gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y presentado los estudios previos PAE, que determinaron el valor del contrato y su posterior adición presupuestal, pese a que, al parecer, se presentaban sobrecostos”, indicó el ministerio de público.

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El ente de control comparó los precios del mercado, con los valores cobrados al Distrito de Cartagena por el contratista, de los productos que hacían parte de los kits alimenticios a entregar.

Además, pudo establecer que los paquetes nutricionales mensuales para los estudiantes, que tenían al menos 15 productos diferentes, al parecer fueron entregados incompletos, en algunos casos solo se entregó uno de los productos, y sin embargo, según la Procuraduría, se habrían cobrado por el valor total, incluido el costo, utilidades e impuestos completo.

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