Tras un consejo de seguridad realizado en en el municipio de San Marcos, el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de lamasacre de cinco personas en área rural de esa población.
También se definió la instalación de una mesa de seguimiento a la problemática de tierras en la subregión del San Jorge con presencia de autoridades locales, Fuerza Pública y líderes campesinos.
Rechazamos rotundamente estos hechos que nos enlutan a todos; no solamente al San Jorge, sino a todo el departamento de Sucre y a Colombia. Nuestro deber como Estado, como instituciones, es dar resultados rápidos de los autores intelectuales y materiales, por eso estamos ofreciendo una recompensa de $50 millones a quien nos dé información para encontrar a los responsables de este lamentable hecho aquí en San Marcos
Defensores de víctimas de la violencia y de los derechos de los campesinos aseguran que la masacre de cinco personas en una vereda de San Marcos, en límites de Sucre y Códoba, obedece a disputas por terrenos y está relacionada con el atentado contra el líder campesino Hernando Benítez León, en su casa de San Benito Abad, en Sucre.
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También advierten de la presencia de grupos paramilitares que, según ellos, nunca se fueron de la región, y que buscan obligar a campesinos e indígenas a abandonar zonas que son de interés para terratenientes y ganaderos.
Una prueba de la presencia de esos grupos, afirman, fue el accionar del comando que perpetró la masacre.
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"Llegaron en una chalupa cinco hombres fuertemente armados, con armas de largo y corto alcance, y abrieron fuego contra personas que se encontraban en sus chozas. Estas chozas ya se las habían quemado en días anteriores y ahí estuvo la Policía y verificó lo ocurrido", dijo el defensor de Derechos Humanos y miembro del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Adil Meléndez.
Son cerca de 200 chozas habitadas por campesinos e indígenas en las veredas Las Pozas y Caño Caiman, territorios de difícil acceso en medio de ciénagas y pantanos.
Los cuerpos ya se encuentran en la morgue de Sincelejo y hasta ahora han sido identificadas tres de las víctimas: el abogado Arquímides Centanaro Carriazo y los campesinos Lácides Cochero Alba, contra quien pesaba una detención domiciliaria por hurto de reses, y Darwin De Hoyos Madera.
El principal testimonio para reconstruir lo ocurrido es el de un sobreviviente de la masacre, Carlos Arturo Valerio Betín, capitán indígena del Cabildo Arawak de la etnia Zenú, que pertenece al Resguardo Colonial Toluviejo, quien había denunciado un procedimiento de desalojo alrededor del complejo cenagoso Amanzaguapo por parte de la Secretaría del Interior de San Marcos.
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