"Nos devuelve la confianza": abogado de víctimas tras revocatoria de la libertad a alias 'Pinocho'

La revocatoria de libertad que le fue concedida el pasado 29 de junio a Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, presunto cabecilla de la banda criminal de ‘Los Pachenca’, fue celebrada por el abogado de la familia del líder ambientalista asesinado en 2020, Alejandro Llinás; quien aseguró que la decisión “le devolvía confianza a las víctimas”.

Óscar Ramírez, quien también funge como presidente del Comité de Solidaridad con Presos Políticos en el Caribe, explicó que, según la Juez Primera del Circuito de Barranquilla, el Juez Ambulante que tomó la decisión de otorgarle la libertad a alias ‘Pinocho’ no era competente para ello y no tenía porqué decidir/ordenar sobre este caso.

Así mismo, Ramírez señaló que la Juez Penal del Circuito de Barranquilla consideró que dentro de la audiencia se había vulnerado la debida notificación y los derechos de las víctimas, pues no se convocó a la defensa de la familia para la socialización de dicha decisión.

"Esto es bastante importante para las víctimas y la comunidad —en general— porque 'Los Pachenca', o las llamadas 'Autodefensas Conquistadoras de La Sierra', hoy ejercen un control territorial tratando de influir poblacionalmente a través de la cooptación mediante el uso del dinero, extorsiones y asesinatos selectivos que generan que las comunidades vivan en zozobra y, en muchas ocasiones, bajo presión de que se les reconozca como actores políticos", explicó Ramírez.

Recordemos que la orden de libertad le fue concedida a alias ‘Pinocho’ el pasado 29 de junio, en medio de una polémica audiencia en la que un Juez Ambulante de Barranquilla acogió los argumentos de la defensa que indicaban que Castillo Carrillo no representaba un peligro para comparecer y que siempre ha estado “dispuesto a colaborar con la justicia”.

Sin embargo, la Fiscalía solicitó la revocatoria de la libertad, toda vez que cuenta con elementos que confirman que alias ‘Pinocho’ ordenó homicidios, extorsiones, tráfico de drogas/armas y desplazamientos forzados entre los años 2017 y 2020 en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Bolívar.

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