Las amenazas contra líderes sociales, veedores comunitarios y hasta candidatos políticos en el marco de las elecciones de este 2023 no 'dan tregua' en la región Caribe, luego de hacerse pública la grave advertencia que presuntos miembros del ELN le hicieron al hoy precandidato al concejo de Valledupar, Sergio Royero Romero, quien denunció que amenazaron con asesinarlo sino se apartaba de su activismo político.
Los hechos se presentaron el pasado viernes, 07 de julio de 2023, en la vía que del corregimiento de El Hatico (Fonseca) conduce al municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, tras ser interceptado por dos hombres en motocicleta que detuvieron su vehículo y, con actitud desafiante, le señalaron que lo asesinarían si no paraba de oponerse a los temas de paz del presidente Gustavo Petro.
Sin lograr identificarlos, pues los dos hombres se encontraban ocultando sus rostros con los cascos de la motocicleta, Royero Romero confirmó que la amenaza le fue hecha mientras su esposa y su hijo menor se encontraban dentro del vehículo, en momentos en los que se movilizaban para acudir a una cita médica en esta zona de La Guajira.
"Fui interceptado por dos personas que iban a bordo de una motocicleta; uno de ellos me obligó a detener el vehículo atravesándose en la mitad y apuntando con su arma, me hizo bajar el vidrio y me dijo que dejara de ejercer mis actividades de oposición porque no querían enemigos de la paz. Fue entonces allí cuando se identificaron como miembros del ELN y me advirtieron que, si no paraba, me iban a matar", explicó Royero.
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La amenaza se suma, además, a las graves advertencias que recibió, dos años atrás, a través de mensajes de texto en los que también le exigían que se apartara de los escenarios políticos.
El líder social presentó inmediatamente la denuncia ante las autoridades competentes del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, encontrándose a la espera de que puedan garantizarle su vida y la de su familia.
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Así mismo, elevó una solicitud ante la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que la entidad analice su caso y le sea asignado un esquema de protección para continuar ejerciendo su activismo político y la posible candidatura al concejo de Valledupar que, aún, está en proceso, mientras espera el aval correspondiente.
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