Las pruebas de la Procuraduría contra los gerentes de Triple A

BLU Radio conoció el documento completo con el que la Procuraduría General inició la investigación disciplinaria en contra de los gerentes de Triple A Ramón Navarro Pereira, Ramón Hemer Redondo y Julia Margarita Serrano Monsalvo por presuntamente haberle pagado 237.000 millones de pesos a la multinacional por un contrato que nunca se ejecutó.

En teoría, INASSA debía prestar la asistencia técnica que Triple A de Barranquilla requiriera en las áreas comercial, operativa, administrativa y técnica para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo a su cargo, para lo cual, entre otras cosas, debía implementarse un software especializado, cosa que, según las pruebas recaudadas por la Procuraduría, nunca ocurrió.

“No existe evidencia que demuestre la prestación de los servicios de asistencia técnica referidos en el contrato de asistencia técnica de septiembre 4 de 2000 para los periodos de tiempo referidos en cada uno de los cargos; y que acreditan los pagos realizados a INASSA S.A., con ocasión del contrato de asistencia técnica previamente citado”, dice el documento de la Procuraduría.

Vea aquí: Citación a indagatoria a gerente es para esclarecer contrato con Inassa: Triple A

La Procuraduría hizo un rastreo de dicho contrato firmado el 4 de septiembre de 2000 y encontró el detalle las órdenes de pago que fueron firmadas por los funcionarios y que habrían permitido que INASSA se apropiara de recursos sobre los cuales el Distrito de Barranquilla tiene una participación accionaria del 14.50 %.

Así mismo, el Ministerio Público reunió los testimonios de altos funcionarios de Triple A e INASSA, varios de ellos también investigados, como el del actual presidente ejecutivo de INASSA, Germán Sarabia Huyke, quien dijo tras una inspección judicial a las instalaciones de INASSA que “no es posible realizar una singularización o individualización precisa de personas naturales de INASSA que han prestado asistencia técnica, puesto que el prestador de los servicios objeto de la misma es la persona jurídica; vale decir la empresa en su sentido universal”.

Dice la Procuraduría, que con esta respuesta se infiere que “en este momento procesal, que dichos servicios no fueron prestados, ya que el propio Gerente General de INASSA S.A., no pudo individualizar a las personas naturales que han ejecutado el contrato de asistencia técnica”.

Llaman la atención también las respuestas de más de doce funcionarios de Triple A que al ser indagados por dicho contrato manifestaron no haber recibido en ningún momento servicios de asistencia técnica en sus dependencias. 

Incluso, consta en el documento el testimonio del revisor fiscal de Triple A quien manifestó haber auditado los pagos realizados por la empresa a INASSA con ocasión del contrato de asistencia técnica de septiembre 4 de 2000, especificando que el control realizado por él se limitaba a verificar que el monto pagado correspondiera al 4.5% del recaudo efectivo, sin que hubiera observado o requerido documentos relacionados con la ejecución de dicho contrato. 

En la declaración rendida el día 3 de noviembre de 2017 manifestó: “nosotros nunca hemos encontrado adjunto al documento de pago un comprobante de su ejecución”.

La Procuraduría también recogió en cinco carpetas los archivos de Triple A con información contable y financiera, programas ejecutivos, correos electrónicos por funcionarios de Canal Isabel II Gestión S.A., a empleados de Triple A, movimientos comerciales, entre otros, pero en ninguno de ellos encontró pruebas que demostraran la ejecución del contrato de asistencia técnica.

Para la Procuraduría, los tres funcionarios investigados actuaron con “conocimiento y voluntad y por lo tanto con dolo” pues durante los años que estuvieron frente a Triple A suscribieron las órdenes de pago con dinero de los barranquilleros a sabiendas de que las tareas de INASSA por las que pagaban quedaron solo en el papel.