Cerca de $500 millones deberá pagarle la Universidad del Atlántico a Rafael Castillo Pacheco, quien fue rector encargado para el año 2015, luego de que ganara un millonario pleito jurídico que venía adelantando desde hace aproximadamente 8 años, tras ser removido del cargo en medio de presuntas irregularidades.
Según explica su abogado, Raymundo Marenco, a Castillo Pacheco le habrían vulnerado su derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que fue removido del cargo antes de que se cumpliera con la condición resolutoria contenida en su acta de nombramiento, la cual se firmó para el año 2015.
Señala, además, que tampoco se cumplió con la mediación evaluativa de su desempeño para efectos de establecer su continuidad como rector (e) del claustro, pues la decisión del Consejo Superior se informó tan sólo un día antes de la sesión extraordinaria que se realizó.
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“En consecuencia se formularon una serie de recusaciones contra estos consejeros, que fueron siete en total, quienes anunciaron la decisión tras reunirse dos días antes de notificar a mi defendido. Desde el punto de vista de las actuaciones administrativas esto es irregular, porque todas las decisiones deben surtirse en medio de las reuniones, no por fuera de ellas”, dijo.
Lo increíble del caso es que la institución no presentó escrito de contestación a la demanda, por lo que no ejerció su defensa durante el proceso, ante la presunta “falta de voluntad administrativa” de Carlos Prasca, ex rector de la UniAtlántico , quien sucedió a Castillo.
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En consecuencia, y aunque sí están esperando un recurso de apelación por parte de la Universidad del Atlántico, confirma que el centro de educación superior deberá reconocer el pago de salarios y sus prestaciones sociales desde agosto de 2015 hasta junio del año 2017.
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