En un documento de 11 páginas, un magistrado de la sala de Justicia y Paz de Barranquilla notificó a la dirección de justicia Transicional de la Fiscalía, a la dirección especializada de investigaciones financieras de la misma institución, así como también a la dirección especializada de extinción del derecho al dominio y la delegada para las finanzas criminales, investigar las presuntas conductas penales en que podrían estar incurso por cuenta de su posible financiación de las extintas AUC, a los empresarios Rafael Antonio Matera, representante legal de ‘Camagüey’ y socio de la organización ‘Palmeras de la Costa’, al igual que a Macías Vargas, también socio de las entidades.
La sala de justicia y paz pidió también que se investigue los bienes y sociedades en las que estos empresarios tienen participación.
Todo esto se da luego de ser escuchadas las declaraciones de Salvatore Mancuso y otros exparamilitares, en donde habló sobre las acciones que ejecutó el extinto frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El exjefe paramilitar aseguró que los empresarios presuntamente sirvieron de financiadores de las AUC y que habrían usado sus compañías para lavar dinero y financiar a la organización al margen de la ley.
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