Los concesionarios de Transmetro exigen una explicación sobre cómo terminaron embargados y de qué manera se recuperarán los $27.269 millones que giró el Gobierno nacional para la operación del sistema masivo de Barranquilla.
La gerencia de Transmetro reconoció que esta vez fue “más equitativa, proporcional y equilibrada” la distribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación para el sostenimiento de los sistemas de transporte masivos del país, no obstante, los más de 27.000 millones girados a Barranquilla terminaron en una cuenta embargada.
Y es que en 2020, en medio de un largo litigio, Transmetro fue condenado a pagar una multimillonaria suma de dinero al Consorcio Grandes Proyectos que llevó a cabo la construcción del Portal de Soledad, deuda que mantiene bajo embargo a la cuenta bancaria del sistema.
Mientras tanto, los concesionarios Sistur, Metrocaribe y Recaudo Sit llevan más de una semana enviando comunicaciones a la gerencia de Transmetro, al Gobierno Nacional y a los entes de control para reclamar los dineros embargados, pues sostienen que estos recursos están destinados a la operación del sistema y no para pagar litigios o condenas.
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"Dennos respuesta y, por favor, entreguen los recursos que el Gobierno Nacional les giró a los operadores y nosotros nos encargamos de sacar los vehículos a operar. Así de sencillo son las cosas", expresó Juan Carlos Calderón, gerente de Metrocaribe.
"Nosotros estamos operando en promedio a 70.000 pasajeros y hacemos un esfuerzo con recursos de los mismos socios de los operadores", añadió.
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En un comunicado emitido la noche del martes, el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, manifestó que “si bien Transmetro afronta un litigio con el Consorcio Grandes Proyectos desde el año 2018 y con fallo adverso en 2020, adelanta acciones encaminadas a esclarecer la destinación específica de los recursos ante el Tribunal de conocimiento y el banco”.
Isaza también recordó que los concesionarios del Sistema reciben los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria, FET, que pagan los usuarios del transporte público colectivo y que fue creado para contribuir al financiamiento de la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo.
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