Formulan cargos a exrepresentante de Electricaribe y a exfuncionario de MinMinas

Por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos por valor de $211.227.488.393, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exrepresentante legal de Electricaribe , José García Sanleandro, quien fungió entre 2012-2016, y el exdirector de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, Rogerio Ramírez Reyes.

El ente de control cuestionó a los exfuncionarios la posible falta de seguimiento, control y vigilancia de cinco convenios que incluían la administración y disposición de recursos provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer) y del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), lo que podría haber conllevado a un eventual detrimento por $45.769’264.420.

Los investigados habrían generado un uso indebido de recursos de inversión social, por la posible falta de culminación de 29 proyectos contemplados en los convenios Faer y Prone, que tenían por objeto asegurar la prestación eficiente de energía, ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de este servicio público en la región Caribe.

Con esta supuesta actuación, García Sanleandro habría desconocido el ordenamiento jurídico que regulaba sus deberes como administrador, la actividad contractual estatal y la debida administración de las rentas públicas entregadas a la empresa que representaba, para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano.

En cuanto a Ramírez Reyes, la Procuraduría señaló que pudo haber omitido sus deberes como supervisor de los cinco contratos Faer y Prone, consistentes en informar al MinMinas las circunstancias que pudieron poner en riego el cumplimento de los negocios jurídicos bajo su responsabilidad.

En un segundo cargo se cuestionó al exrepresentante legal de Electricaribe por la presunta aplicación indebida del subsidio del Fondo de Energía Social (Foes) que concede el Gobierno nacional al consumo individual de energía por parte de los usuarios de estratos 1 y 2, el cual habría sido otorgado contrario a lo previsto en la norma, esto es, al consumo comunitario.

Esta posible irregularidad se habría traducido en una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras comprobar que recursos del beneficio Foes por $165.458’223.973 fueron empleados para disminuir las pérdidas de la empresa entre octubre de 2012 y diciembre de 2016.

Con estas posibles conductas, los investigados podrían estar incursos en falta gravísima. Los implicados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren no pertinentes para su defensa.