La Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta entre la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ocupó 36 bienes que, se presumen, pertenecen a los responsables de un complejo esquema de corrupción en el desvío de fondos destinados a la atención de la primera infancia en el departamento de Córdoba.
Entre los bienes ocupados se encuentran 29 inmuebles rurales, 3 urbanos y 4 vehículos, todos localizados en Montería y Cereté (Córdoba). El valor preliminar de estos activos supera los 5.400 millones de pesos.
Estos bienes están registrados a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Atencio, Carlos Fernán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, quienes están vinculados a una fundación que, en 2015, suscribió un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para brindar asistencia a niños y niñas menores de cinco años, cuyo valor ascendió a 7.407 millones de pesos.
Como resultado de la investigación penal, la Fiscalía determinó que los responsables de ejecutar dicho contrato se habrían apropiado indebidamente de 2.705 millones de pesos.
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En relación a estos hechos, los implicados en los presuntos actos de corrupción han sido imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Los bienes afectados han sido objeto de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, y han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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