Durante audiencia virtual al exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía, y sus exsecretarios de Educación y General, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público, por la firma de un contrato por más de 592 millones de pesos para dar unos cursos de orientación vocacional a los estudiantes de grado 11.
En medio de la diligencia, el Fiscal 12 seccional reveló que en los estudios previos no se tuvo en cuenta que las universidades del país ya estaban ad-portas de cerrar las inscripciones, lo que resultaría en ineficaz la capacitación que se pretendía dar con el contrato en cuestión.
Como si fuera poco, el ente acusador indicó que existió sobrecosto en el pago de algunos servicios, como el alquiler de computadores portátiles, video beams, amplificadores de sonido y micrófonos. Por la contratación de todos estos pagaron más de 100 millones de pesos.
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"Contrato el alquiler de cuatro video-beam por 320 horas a razón de $100.000 la hora para un total de 32.000.000 de pesos. Alquiler de 4 computadores portátiles por 320 horas, por $125.000 la hora para un total de 42.000.000 de pesos", detalló el fiscal durante la diligencia.
En otro de los ítems del pliego de condiciones, se dijo que el contratista debía adquirir el servicio de 320 profesionales especializados en “Humanidades y desarrollo humano”, y de “Comunicación social y periodismo”, para cubrir 80 grupos de estudiantes, sin embargo, fueron contratadas solo cuatro personas a quienes presuntamente le cancelaron 80 horas de trabajo cada uno por valor de $62.000.000 y las capacitaciones fueron dictadas por los auxiliares logísticos y administrativos dirigidos por dos coordinadores. El pago de los auxiliares resultó, en igual medida, irregular, por cuanto no todos laboraron, algunos se les canceló menos de lo debido y a otros más de lo debido.
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Todas las maniobras realizadas para lograr el pago de la administración municipal quedaron plasmadas en documentación que fue presentada como soporte en el informe final, logrando así el pago del valor del contrato, menos las deducciones, en un total de $570.078.242, por lo que el secretario de Gobierno y Educación de Valledupar permitieron que el particular se apropiara de $376.766.000, cuando de todo lo ejecutado, el valor real a cancelar seria de tan solo $193.312.242.
La audiencia fue suspendida y continuará este jueves a las 2 de la tarde.
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