Lo que fue construido para ser escenario del tradicional Festival Nacional del Porro, en el municipio de San Pelayo, Córdoba , con recursos de regalías, se convirtió en una obra sin utilidad por graves deficiencias de planeación, sostenibilidad, funcionalidad, dotación y calidad.
La obra, que tuvo como objetivo general ofrecer un espacio cultural especializado donde se desarrollarían actividades de expresión artística beneficiando a 1.607.519 habitantes, actualmente, por falta de mantenimiento, se ha producido un deterioro notable de la construcción.
En lo revisado por el organismo de control se evidenció que la obra del complejo cultural, desde que fue terminada, no está siendo utilizada, salvo para los días destinados a la celebración del Festival del Porro en el mes de junio, sin cumplir con la necesidad que llevó a la entidad para llevar a cabo la aprobación de este proyecto y su contratación.
Luego del proceso auditor adelantado por la Contraloría General de la República se pudo constatar que la ejecución de este proyecto refleja una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz del municipio de San Pelayo y del contratista, toda vez que carece de sostenibilidad y no cumple con el objetivo por el cual fue aprobado y puesto en marcha.
El Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro es sostenido por el municipio de San Pelayo con recursos de estampilla pro cultura, recursos de ingresos corrientes de libre destinación y recursos del sistema general de participaciones.
Para la Contraloría, la inversión de estos recursos del municipio se está direccionado a una obra que no está siendo empleada o generando alguna utilidad y uso.
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Por lo evidenciado por el equipo auditor de la CGR, estos gastos e inversiones no han sido suficientes, ya que en la visita técnica realizada los días 2 y 3 de junio de 2020 es indiscutible el deterioro y abandono en que se encuentra esta obra.
La cuantificación del daño obedece a la pérdida derivada de todos los costos y gastos en que se incurrieron; y por todos los beneficios que se dejan de percibir por la construcción de una obra que no ha sido utilizada de acuerdo a los fines y objetivos conforme a como fue concebida y ejecutada. Lo anterior, conlleva a que el proyecto no sea funcional, ni sostenible; por consiguiente, se configura un posible detrimento por valor de $17.622.382.389 correspondiente a la obra y $33.413.395 por la interventoría.
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Así las cosas, en atención a denuncia tramitada por la CGR, se establecieron dos hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales uno tiene presunta incidencia fiscal por valor de $17.655.795.784. Estos hallazgos serán trasladados a las instancias correspondientes.
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