Embargo por $53.000 millones a Coomeva fue frenado por la Corte Constitucional

Un multimillonario embargo a la EPS Coomeva , ordenado por el Juzgado 15 Civil de Barranquilla, fue frenado provisionalmente por la Corte Constitucional ya que pondría en riesgo la prestación del servicio de salud para miles de usuarios y sentaría un precedente sobre el tema.

En decisión del 8 de septiembre, firmada por el magistrado Alberto Rojas, la Corte se pronunció a la tutela interpuesta por Coomeva contra el Juzgado para la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de sus afiliados, el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el pago de las IPS, ya que el embargo era sobre sus cuentas maestras.

La Corte precisó que las cuentas maestras son inembargables, pues en ellas se manejan recursos destinados exclusivamente a garantizar la atención en salud de los ciudadanos.

Además, se trataría de un fallo desmedido porque la deuda de Coomeva que motivó la decisión del Juzgado 15 Civil era de 2.000 millones de pesos con Sabbag Radiología, y el embargo de la cuenta maestra bloqueaba 53.000 millones de pesos para pacientes de alto riesgo, como los enfermos de cáncer.

Coomeva informó en la tutela que los recursos depositados en las mencionadas cuentas no hacen parte de su patrimonio, sino que son dineros inembargables del sistema de salud mediante los cuales se viabiliza la operación de la EPS.

Sin embargo, según el magistrado, “el decreto de medidas provisionales no significa en manera alguna un prejuzgamiento sobre la controversia, pues no debe entenderse como una medida anticipatoria del sentido del fallo, sino como un mecanismo dúctil orientado a propiciar la efectividad de la protección de los derechos”.

"En una siguiente fase emprenderemos las acciones penales respectivas y disciplinarias contra los jueces en cuestión ante la Comisión de Disciplina Judicial. Vamos a hacer respetar hasta el último peso estos recursos sagrados de los colombianos que le están costando la vida a más de 20.000 pacientes de cáncer y personas de alto riesgo", dijo el veedor Pablo Bustos, de Red Nacional de Veedurías, que había denunciado lo delicado e inconstitucional de este tipo de embargos.