El aparato de judicialización no está funcionando: Jaime Pumarejo sobre extorsiones en Barranquilla

Comerciantes en Barranquilla han denunciado el incremento de extorsiones y amenazas por parte de grupos delincuenciales que los están obligando al pago de cuotas.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, el alcalde de esa ciudad, Jaime Pumarejo, aseguró que según investigaciones, dichas extorsiones se están originando desde la cárcel, por parte de personas que incluso ya han sido judicializados por delitos que han cometido desde los centros penitenciarios.

“Los videos que han circulado han salido desde las cárceles, pedimos y los trasladen y siguen delinquiendo desde el lugar de traslado”, aseguró el mandatario.

Por su parte y con respecto al incremento de estas extorsiones, Pumarejo señaló que se trata de estructuras delincuenciales que a través del microtráfico y el narcotráfico “se apropian de territorios”.

En medio de la conversación, el alcalde hizo una fuerte crítica al sistema judicial, “el aparato de judicialización no está funcionando”.

Con respecto a las medidas que el alcalde asegura que se deberían tomar para hacerle frente a este fenómeno delincuencial, es intensificar el castigo al uso de armas ilegales, “tenemos que empezar a perseguir el uso de armas ilegales, quien porte un arma ilegal debería tener consecuencias graves. No le estamos dando la prioridad”.

Hay que recordar que a casi tan solo una semana de haberse apagado por más de 24 horas la fiesta en la carrera ocho, considerada la “zona rosa” del sur de Barranquilla, un nuevo video amenazante volvió a generar zozobra en el área metropolitana en el que tres hombres, fuertemente armados y con caras tapadas, enviaron un ultimátum a comerciantes para que paguen millonarias extorsiones o serían declarados como objetivos militares ante incumplimientos.

Es así como, dependiendo del salario que devenguen los comerciantes y de sus condiciones económicas, les advierten que deben estar atentos “al toque de sus puertas” para cuando lleguen a cobrarles las denominadas “vacunas” o, de lo contrario, un familiar pagaría las consecuencias del incumplimiento, además de ser víctimas del lanzamiento de granadas en las puertas de sus locales y/o viviendas.

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