Durante 2022, 151 niños menores de 5 años han muerto en La Guajira, 76 de ellos por desnutrición

La falta de agua potable y otros servicios básicos y esenciales en La Guajira sigue cobrando las vidas de los más pequeños en este departamento, donde las cifras del Instituto Nacional de Salud indican que 151 niños menores de 5 años han muerto este 2022 por enfermedades que se pudieron evitar.

El preocupante reporte detalla que 76 niños guajiros en etapa de primera infancia han fallecido este año por desnutrición crónica, otros 47 por infección respiratoria aguda y 28 más por enfermedad diarreica aguda.

Ruth Consuelo Chaparro, presidenta de la Veeduría Ciudadana para el Seguimiento de la Sentencia T302 de la Corte Constitucional del 2017, afirmó que "muchas de estas muertes de los niños bien se podrían atribuir a la ineficiencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar".

"Definitivamente el ICBF tiene una respuesta incipiente, no pertinente e ineficaz, porque lleva décadas y décadas repitiendo lo mismo e implementando los mismos programas sin escuchar y sin cambiar", criticó Chaparro.

Precisamente la directora del ICBF, Concepción Baracaldo, fue citada a un debate de control político en el Congreso, luego del jalón de oreja que le dio el mismo presidente Gustavo Petro al reconocer la muerte de 20 niños por desnutrición en La Guajira como el primer fracaso de su mandato.

José Reinaldo Velásquez, líder de la comunidad Wayúu en la Alta Guajira, también deja claro que en el fondo de esta crisis hay una falla institucional que el Estado ha querido esconder culpando a la cultura y modo de vivir de su etnia.

"Nosotros decimos que no es problema cultura, es un problema institucional, porque mientras más recursos se inviertan en gastos de personal y administración, y menos recursos para el tema de alimentación como tal, no se puede llegar a una solución definitiva de la problemática de desnutrición en La Guajira", dijo.

En este sentido, Velásquez se muestra de acuerdo con que las entidades del Estado se articulen para la creación de una política pública a favor de estas comunidades vulnerables.

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