Mediante fallo de segunda instancia, la Superintendencia de Notariado y Registro confirmó la destitución e inhabilidad del registrador de Instrumentos Públicos de Soledad, David de Castro, y al profesional especializado, Gonzalo Marroquín, quienes incurrieron en faltas gravísimas en el años 2018.
La superintendente de Notariado y Registro, Fernanda García, aseguró que, por la actuación de estos funcionarios, terceras personas se apropiaron de un predio contiguo al aeropuerto Ernesto Cortissoz perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior.
"Los investigados tenían la obligación de conocer y aplicar el procedimiento establecido en el estatuto registral y abstenerse de registrar ese documento porque no cumplía con los requisitos de la norma, ni los lineamientos de la superintendencia. En consecuencia, como ni el registrador ni el otro funcionario acataron esa normatividad, se realizó ese documento de inscripción contrario a la ley y por esa razón, en segunda instancia, se tomó la decisión de inhabilitarlos", dijo la superintendente Fernanda García.
Como se recordará, la Superintendencia de Notariado y Registro intervino esta oficina de Instrumentos Públicos de Soledad y halló presuntas irregularidades como incorrecta liquidación de derechos de registro, atraso en la calificación de documentos e indebido manejo del archivo que soporta las anotaciones que se realizan en los folios de matrícula inmobiliaria.
Entre tanto, David de Castro, el registrador de Instrumentos Públicos de Soledad inhabilitado, se pronunció ante la medida e indicó que siempre actuó dándole cumplimiento a una orden judicial.
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"Dicha orden judicial se encuentra debidamente ejecutoriada, donde en mi calidad de registrador de instrumentos públicos le di cumplimiento a la ley 1578 de 2018 en el artículo 18 que trata de suspensión del trámite de registro a suspensión y la cual fue ratificada por el juez que dice que el predio queda en Soledad, Atlántico, que es de propiedad privada, que no pertenece al Ministerio del Interior, así como también lo manifiesta la oficina de Agustín Codazzi en su carta catastral", dijo De Castro.
El funcionario indica que "no es topógrafo para cuestionar una realidad judicial" y que, en todo caso, el que estaría cometiendo fraude procesal sería el juez que es quién lo hizo incurrir en el error, ya que le dieron una orden que debía cumplir y de no hacerlo terminaría cometiendo él, un delito.
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