Defensoría alerta a cinco municipios del Atlántico por disputas entre Clan del Golfo y otros grupos

La Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana para cinco municipios del Atlántico. El riesgo se presenta por las disputas entre el Clan del Golfo con otros grupos delincuenciales locales por el control de actividades ilegales.

Las comunidades de los municipios de Baranoa , PoloNuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón en el departamento de Atlántico, están en alto riesgo de vulneración a sus derechos dada la presencia de bandas criminales como El Clan del Golfo que tiene una disputa con grupos locales por el control del microtráfico y otros delitos.

Los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión, las amenazas, están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. A lo que se le suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas, la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), quienes también son víctimas de violencia por prejuicio.

Piden redoblar esfuerzos

En una visita al departamento dos meses atrás, el defensor del Pueblo verificó de primera mano la problemática social y de seguridad que se vive en esta región del país y solicitó a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar laextorsión , las amenazas, y los homicidios, y coordinar acciones para avanzar en soluciones de fondo.

“En esta alerta temprana 029-2022 no solo advertimos los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también le hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que se tomen las medidas necesarias, con la pertinencia y debida diligencia, que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades”, señaló Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo les recordó a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las profundas condiciones de precariedad y pobreza bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades.

Dentro de las recomendaciones están la de realizar campañas para prevenir y atender las amenazas y extorsiones contra las comunidades, además se pide que se refuerce la presencia Institucional de la Policía y la Fiscalía. Al ICBF, la Gobernación del Atlántico y la Consejería para los Derechos Humanos, se le solicitó coordinar acciones para prevenir el reclutamiento, el uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, entre otras medidas.

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