Damnificados por invierno en Piojó, Atlántico, a la espera de avalúo de lote para ser reubicados

A la espera de una reunión con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se encuentran los habitantes del municipio de Piojó que se vieron gravemente afectados por el colapso de sus viviendas, en medio de la críticaola invernal que atravesó la región Caribe para el año 2022.

Entre las molestias que surgen en la comunidad se encuentra la posible demora para el proceso de compra del lote en el que serán reubicadas las familias afectadas y, también, el presunto incumplimiento con el pago de los arriendos temporales que prometió la Gobernación del Atlántico por valor de $500.000 pesos.

A lo que se suma, además, que el lote no cumpliría con las expectativas de los damnificados, pues aseguran que el terreno estaría muy retirado del casco urbano municipal, por encontrarse ubicado en zona rural.

Así lo explica Jessica Zapata, líder comunitaria de Piojó, Atlántico, señalando que “ese lote ‘Guayabal’ se encuentra en zona rural, después de la carretera, y ahí prácticamente no hay nada.

"Eso es lo que nos preocupa pese a que sí cuenta con servicios públicos”, indicó.

Lo que responde la subsecretaria de Gestión del Riesgo del Atlántico, Candelaria Hernández, es que los pagos sí se están realizando, pero mes vencido, siendo que el único que haría falta corresponde al del mes de marzo.

Para el caso del proceso de compra del lote, de nombre guayabal, aún se estarían realizando avalúos para finiquitar dicho proceso, arrancar los estudios topógráficos, comprar el predio y proceder a la realización de planos para socializar con la comunidad.

“Esa compra debe hacerla la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tengo entendido vendrá al municipio este sábado, junto con el Igac. Estamos esperando que se dé la visita para revisar, de una vez, el avalúo del predio y poder tomar las decisiones a las que haya lugar para iniciar el posible proceso de compra”, explicó Hernández.

Lo que más preocupa es que la demora en el proceso de compra y el cambio de fecha para el pago de los arriendos obligó a que seis familias tuvieran que devolverse a sus casas agrietadas porque no tenían dónde vivir, pese a que la zona fue considerada de alto riesgo.

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